Ángel Aguirre enfrenta su primera audiencia por el caso Ayotzinapa tras pasar la noche en El Altiplano
El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero pasó su primera noche en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, y este viernes 7 de agosto enfrenta su audiencia inicial por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el caso Ayotzinapa.
Aguirre Rivero fue detenido el jueves 6 de agosto en el Estado de México, luego de que elementos federales cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, derivados del presunto ocultamiento y destrucción de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público deberá formular formalmente la imputación contra el exmandatario, mientras que su defensa tendrá la oportunidad de responder a los señalamientos. Posteriormente, el juez federal deberá determinar las medidas cautelares correspondientes y continuar con el procedimiento para definir la situación jurídica del acusado. Hasta las primeras horas de este viernes no se había dado a conocer públicamente la hora de la diligencia.
La detención de Aguirre representa uno de los movimientos judiciales más relevantes de los últimos años dentro de las investigaciones por la desaparición de los normalistas, ocurrida durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, nuevas investigaciones permitieron obtener testimonios relacionados con las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala. Estas imágenes habrían registrado parte de los hechos ocurridos cuando estudiantes que viajaban en el autobús Estrella de Oro número 1531 fueron interceptados por policías municipales y estatales.
Durante los primeros años de la investigación se sostuvo que esas grabaciones no estaban disponibles debido a supuestas fallas técnicas. Sin embargo, la FGR afirma que nuevas diligencias permitieron establecer que el material sí habría existido.
Según la Fiscalía, en enero de 2026 un testigo colaborador declaró que las grabaciones fueron sustraídas y entregadas directamente a Ángel Aguirre. Posteriormente, un segundo testigo protegido habría señalado que el entonces gobernador ordenó, durante una reunión con funcionarios de alto nivel de su administración, eliminar evidencias relacionadas con lo ocurrido en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
La FGR sostiene que estos elementos apuntan a que la desaparición de las grabaciones no habría sido producto de una falla técnica o un hecho aislado, sino de una acción deliberada. La responsabilidad penal de Aguirre, sin embargo, deberá ser determinada por las autoridades judiciales durante el proceso y bajo el principio de presunción de inocencia.
El exgobernador fue detenido aproximadamente a las 9:46 de la mañana del jueves en la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán, Estado de México. Después de ser puesto a disposición de las autoridades fue trasladado al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano.
Ángel Aguirre gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa. La crisis política generada por los hechos provocó que solicitara licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, menos de un mes después de la desaparición de los jóvenes. Desde entonces, el político guerrerense ha rechazado reiteradamente cualquier participación en los hechos y ha defendido la actuación de su administración durante las horas posteriores a los ataques.
En mayo de 2025, después de que las investigaciones sobre las grabaciones del Palacio de Justicia volvieran a cobrar relevancia, Aguirre afirmó públicamente que nunca había tenido conocimiento de esos videos y negó haber dado alguna instrucción sobre su manejo. Las nuevas acusaciones de la Fiscalía contradicen esa versión y serán uno de los puntos centrales que deberán analizarse durante el procedimiento judicial.
La audiencia de este viernes marca así el inicio formal de una nueva etapa judicial para el exmandatario y para una investigación que, a casi 12 años de los hechos de Iguala, continúa buscando esclarecer qué ocurrió con los 43 estudiantes y determinar las responsabilidades de quienes participaron directa o indirectamente en su desaparición.