Denuncian a jueza de Quintana Roo por aplazar 17 veces una audiencia en un caso de presunta violación

Una mujer identificada como Clara Yesenia, presunta víctima de abuso sexual, denunció públicamente a una jueza de control con especialización en justicia penal para adolescentes en Chetumal, Quintana Roo, al señalar que ha diferido en 17 ocasiones la audiencia inicial para imputar al presunto responsable de los hechos ocurridos en 2024. La denunciante sostiene que los constantes aplazamientos han impedido que el proceso judicial avance y vulneran su derecho de acceso a la justicia.

De acuerdo con la denuncia, el expediente permanece sin llegar a la audiencia inicial pese a que, según la víctima, existen pruebas periciales y una muestra de ADN que respaldarían su acusación. A casi dos años de los hechos, el caso continúa sin que se haya formulado la imputación correspondiente, situación que la afectada considera un ejemplo de violencia institucional y de dilación en la impartición de justicia.

La mujer aseguró que los diferimientos han obedecido a diversas causas, entre ellas cambios de abogados por parte del imputado, reportes de enfermedad del acusado o de su defensa, problemas de notificación, coincidencias de agenda judicial y cambios de personal en la Fiscalía. También afirmó que en algunas ocasiones las audiencias no pudieron realizarse por cuestiones administrativas relacionadas con el propio proceso judicial.

Ante esta situación, Clara Yesenia informó que promovió un recurso de revocación, el cual prosperó parcialmente, además de presentar quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo. Asimismo, analiza acudir al Tribunal de Disciplina Judicial para denunciar la actuación de la juzgadora y solicitar que se revise el manejo del expediente.

La denunciante también señaló que buscó apoyo mediante el programa de atención ciudadana encabezado por la gobernadora de Quintana Roo. Indicó que fue canalizada a distintas dependencias, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; sin embargo, afirmó que, hasta el momento, no ha obtenido una solución que permita agilizar el proceso judicial.

El caso ha generado preocupación entre colectivos y especialistas en derechos de las víctimas, quienes han señalado que los retrasos prolongados en procedimientos relacionados con delitos sexuales pueden afectar el acceso efectivo a la justicia y profundizar el impacto emocional de quienes denuncian este tipo de agresiones. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos realizados por la denunciante.

La situación reabre el debate sobre la necesidad de garantizar procesos judiciales ágiles, transparentes y con perspectiva de género, especialmente en casos de violencia sexual, donde las víctimas requieren respuestas oportunas por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia.