Desmantelan granja clandestina de criptomonedas conectada ilegalmente a presa hidroeléctrica en Puebla
La instalación contaba con unos 300 equipos de cómputo; la Secretaría de Seguridad ampliará las pesquisas a municipios aledaños
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla desmanteló una granja clandestina de minería de criptomonedas ubicada en una comunidad remota de esa entidad, instalación que operaba con electricidad robada directamente de una presa perteneciente a un complejo hidroeléctrico federal.
El hallazgo abre una nueva línea de investigación sobre el robo masivo de energía eléctrica en México, delito que las autoridades poblanas señalan como el principal ilícito a perseguir. La dependencia advirtió que extenderá las pesquisas a municipios aledaños en busca de instalaciones similares, lo que sugiere que la operación podría formar parte de una red más amplia.
El recinto desmantelado albergaba aproximadamente 300 equipos de cómputo dedicados a la minería de activos digitales, proceso que demanda un consumo eléctrico extraordinario. La conexión ilegal se realizó directamente sobre infraestructura hidroeléctrica de carácter federal, lo que añade una arista de competencia para las autoridades de la Federación.
El robo de electricidad para alimentar granjas de criptomonedas es un fenómeno documentado en varios países de América Latina, donde la energía subsidiada o la infraestructura pública mal vigilada representan un blanco recurrente para estas operaciones. En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha reportado pérdidas anuales por miles de millones de pesos a causa de tomas clandestinas, aunque hasta ahora el vínculo con la minería de activos digitales a esta escala no había sido confirmado públicamente en el estado de Puebla.
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla precisó que las investigaciones se encuentran en curso y que los trabajos de rastreo en los municipios cercanos determinarán si existen más puntos de extracción ilegal vinculados a la misma red. La intervención de instancias federales, dada la naturaleza de la infraestructura afectada, es una línea que las propias autoridades estatales no han descartado.