Diputada federal denuncia amenazas de funcionaria del gobierno de Salomón Jara en Oaxaca
La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Martha Aracely Cruz Jiménez, denunció haber recibido amenazas e intimidaciones presuntamente relacionadas con funcionarios del gobierno de Oaxaca, encabezado por el morenista Salomón Jara Cruz. Entre las personas señaladas por la legisladora se encuentra Lucía Jazmín Torres Castillo, funcionaria de la Secretaría de Gobierno estatal.
Las acusaciones ocurren en medio de una serie de diferencias entre la legisladora y autoridades estatales, relacionadas principalmente con el conflicto político y administrativo que enfrenta el municipio de San Juan Mazatlán, ubicado en la región Mixe de Oaxaca.
De acuerdo con los señalamientos de Cruz Jiménez, las presiones comenzaron después de que decidió acompañar a autoridades municipales en sus gestiones para obtener el reconocimiento de su representación y acceder a los recursos federales correspondientes al ayuntamiento.
La diputada sostuvo que su intervención provocó inconformidad entre algunos integrantes de la administración estatal, quienes presuntamente intentaron persuadirla para que abandonara el acompañamiento a las autoridades municipales.
Entre los funcionarios mencionados se encuentra el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, a quien la legisladora también ha señalado por supuestas presiones durante las reuniones relacionadas con el conflicto.
Cruz Jiménez aseguró que ha recibido mensajes intimidatorios mediante redes sociales, algunos de los cuales contendrían advertencias contra su integridad física. Ante esta situación, manifestó su preocupación por su seguridad y buscó la intervención de autoridades federales.
La legisladora solicitó una audiencia con la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, con el propósito de exponer su situación y solicitar medidas de protección. Asimismo, expresó desconfianza hacia los mecanismos de seguridad estatales debido a que sus acusaciones involucran a integrantes del propio gobierno de Oaxaca.
El conflicto también tiene un componente económico, pues la diputada ha señalado que se encuentran en disputa aproximadamente 130 millones de pesos correspondientes a recursos federales destinados a San Juan Mazatlán. Según su versión, las diferencias sobre el reconocimiento de las autoridades municipales han complicado el acceso y la administración de esos fondos.
La legisladora ha cuestionado el manejo de recursos públicos en municipios donde existen conflictos políticos y ha solicitado una mayor vigilancia sobre las participaciones y aportaciones federales, particularmente las correspondientes a los ramos 28 y 33.
Ante las amenazas denunciadas, Cruz Jiménez responsabilizó públicamente al gobernador Salomón Jara Cruz y al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, de cualquier agresión que pudiera sufrir. Sin embargo, estos señalamientos constituyen acusaciones de la legisladora y no representan una determinación judicial sobre la responsabilidad de los funcionarios mencionados.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre las autoridades estatales y los representantes populares que denuncian presuntas irregularidades en la administración pública de Oaxaca.
Hasta el momento, la información consultada no permite confirmar una resolución judicial que acredite las amenazas denunciadas. Su esclarecimiento dependerá de las investigaciones correspondientes y de la identificación de las personas que pudieran estar involucradas.
La controversia mantiene abierta la discusión sobre las garantías de seguridad para quienes ejercen funciones legislativas y cuestionan decisiones gubernamentales, así como sobre la necesidad de investigar las denuncias sin interferencias políticas.