Familias de los 43 de Ayotzinapa acuerdan con la CDMX libre paso para marcha del 26 de septiembre
El encuentro se dio tras un incidente en junio, cuando policías capitalinos impidieron el paso a autobuses de normalistas en Tlalpan
Una comisión de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se reunió esta semana con César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, para garantizar que la marcha del próximo 26 de septiembre llegue al Zócalo con libre tránsito.
El acuerdo busca evitar los obstáculos que enfrentaron los manifestantes en la edición anterior de la marcha, cuando bloques de cemento dificultaron su ingreso a la plaza. La fecha marcará el doceavo aniversario de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero.
Isidoro Vicario, abogado de las familias, explicó en entrevista que la reunión se convocó luego de que, en junio pasado, durante una jornada de protesta en el contexto del Mundial de Futbol, policías capitalinos impidieron el paso a autobuses procedentes de Guerrero en la caseta México-Cuernavaca, en Tlalpan, al negarse a permitir su revisión. Vicario calificó el episodio como un intento de criminalizar al movimiento.
Cravioto confirmó el encuentro a través de sus redes sociales e informó que las familias y una comisión de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa se comprometieron a que las actividades del 26 de septiembre "serán absolutamente pacíficas" y se deslindaron de cualquier acto violento que algún grupo externo pretenda realizar. El funcionario precisó que el gobierno federal y el capitalino se comprometieron a "dar todas las facilidades" para que la marcha llegue al Zócalo con libre tránsito por la ciudad.
Al diálogo asistieron también Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, y Claudia Galindo, secretaria técnica de dicha comisión.
Vicario insistió en que el movimiento de las familias "es pacífico", y rechazó que busquen agredir a la gente o generar confrontación durante la manifestación.
Con este acuerdo, las autoridades capitalinas y federales quedan comprometidas a no repetir los obstáculos registrados en marchas anteriores, mientras las familias de los normalistas continúan exigiendo avances en la investigación del caso a doce años de los hechos.