Iberoamericana documenta 107 defensores asesinados y mil 189 conflictos por el extractivismo en México
El informe abarca el período 2017-2024 y detecta irregularidades en más del 70% de los procesos de consulta indígena
Entre 2017 y 2024, fueron asesinadas 107 personas y desaparecieron otras 24 por defender sus territorios frente a proyectos extractivistas en México, según un informe presentado por la Universidad Iberoamericana (UIA). El estudio registró además mil 189 proyectos con algún grado de conflictividad socioambiental a escala nacional.
El documento advierte que el despojo territorial en el país no obedece a errores aislados ni a vacíos legales, sino a una maquinaria estructurada de mecanismos legales, institucionales, socioeconómicos y coercitivos que opera de forma sistemática para favorecer los intereses extractivos, con consecuencias directas sobre comunidades rurales, indígenas y urbanas.
El informe, elaborado por el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la UIA y titulado «Entre el despojo y las apuestas por la vida: la maquinaria del extractivismo en México (2017-2024)», precisa que de 227 proyectos desarrollados en territorios indígenas que requerían consultas libres, previas e informadas, en 133 —equivalentes al 58.6%— no se encontró registro de que dichas consultas se hubieran realizado. Al analizar 290 eventos de consulta, el OCSA determinó que el 70.3% presentó irregularidades y el 25.2% acumuló omisiones denunciadas por las propias comunidades.
La maquinaria extractiva desborda los sectores tradicionales de la minería y los hidrocarburos. La hiperurbanización encabeza el registro con 420 proyectos, equivalentes al 35.1% del total, seguida por conflictos en torno a recursos hídricos, actividades agroindustriales, megainfraestructura, vías de comunicación y biocomercantilización. El OCSA subraya que la expansión inmobiliaria disputa suelo, agua, espacios públicos y patrimonio biocultural incluso al interior de las ciudades.
El estudio señala que los mecanismos utilizados emplean normas, concesiones, decretos e instrumentos administrativos que, bajo apariencia de legalidad, permiten favorecer intereses privados sobre los derechos territoriales de las comunidades, lo que dificulta la impugnación jurídica por parte de los afectados.
México acumula décadas de litigios y movilizaciones sociales en torno a proyectos extractivos, pero el período 2017-2024 coincide con una escalada en la conflictividad que abarcó tanto administraciones previas como el actual gobierno federal. El OCSA es la instancia académica que con mayor sistematicidad ha rastreado estos datos en el país.
Con base en sus hallazgos, el OCSA exige al Estado mexicano garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la consulta previa, sancionar las irregularidades documentadas en los procesos ya realizados y establecer mecanismos de protección para quienes defienden el territorio, cuya integridad física sigue en riesgo ante la ausencia de políticas específicas de salvaguarda.