INE reconoce que el crimen organizado pone y quita candidatos de cara al proceso electoral 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) admitió que la delincuencia organizada interfiere directamente en la selección de candidatos, el financiamiento de campañas y la presión sobre autoridades electas, en el arranque formal del proceso electoral 2027.

El reconocimiento público marca un punto de inflexión: por primera vez en este ciclo electoral, tanto partidos como la máxima autoridad comicial nombran con precisión un fenómeno que durante años se trató como asunto de seguridad ajeno a la esfera electoral. El crimen organizado ha pasado de ser una amenaza difusa a un actor que, según las propias autoridades, incide en quién puede y quién no puede competir.

Arturo Chávez, consejero del INE y presidente de la comisión de integridad de candidaturas creada para este proceso, advirtió que la delincuencia no distingue siglas ni colores partidistas. «La delincuencia organizada no tiene ideología política; busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista», precisó Chávez al presentar el alcance del órgano colegiado.

La comisión tiene como mandato verificar que los aspirantes a cargos de elección popular que compitan en las campañas de 2027 no estén vinculados a grupos criminales, ya sea como operadores, beneficiarios de financiamiento ilícito o bajo coacción. Los mecanismos concretos de revisión y las sanciones aplicables no han sido detallados de manera oficial hasta el cierre de esta edición.

México acumula un historial documentado de candidatos asesinados, retirados por amenazas o señalados por nexos con el crimen en procesos electorales anteriores. En las elecciones de 2021 y 2024, organizaciones civiles y la propia Fiscalía General de la República (FGR) registraron decenas de casos de violencia política con presunta participación del crimen organizado en distintos estados del país.

La creación de esta comisión dentro del INE representa el primer mecanismo formal del árbitro electoral para atender de manera específica el problema de la infiltración criminal en las candidaturas, aunque su efectividad dependerá de la colaboración que logre con la FGR y las fiscalías estatales, según advirtieron fuentes consultadas.

El proceso electoral 2027 contempla la renovación de gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales en varios estados. La comisión deberá emitir sus primeros criterios de operación antes de que inicien los registros de candidaturas, previstos para los primeros meses del próximo año.