Investigación señala a exdelegado del IMSS Yucatán por presuntas plazas a familiares y omisión patrimonial

De acuerdo con una investigación publicada por Latinus, el exdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, Alonso Sansores Río, habría incurrido en presuntas irregularidades administrativas y patrimoniales durante su gestión al frente del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en la entidad.

El reportaje señala que Sansores Río, quien encabezó la delegación del IMSS en Yucatán desde enero de 2023 hasta abril de 2026, presuntamente benefició con plazas laborales a familiares de colaboradores cercanos y habría omitido en su declaración patrimonial una vivienda adquirida junto con su esposa por 3.5 millones de pesos.

Según la investigación, en su declaración patrimonial correspondiente a 2023, el exfuncionario reportó dos vehículos y una vivienda comprada a crédito en 2012 por 1.2 millones de pesos. Sin embargo, el reportaje afirma que no habría incluido una segunda propiedad adquirida en 2022 junto con su esposa, Claudia Alejandra Pérez Sulu, por un valor de 3.5 millones de pesos.

Latinus también señala que Pérez Sulu, quien trabajó en el IMSS y llegó a ocupar una jefatura en una Unidad Médica de Alta Especialidad, reportó ingresos anuales por alrededor de 500 mil pesos. No obstante, de acuerdo con la publicación, en 2025 habría pagado de contado un automóvil por un millón 100 mil pesos, operación que tampoco habría sido transparentada en su declaración patrimonial.

Además del apartado patrimonial, la investigación refiere presuntos casos de influyentismo en la asignación de plazas dentro del IMSS Yucatán. Entre los casos mencionados se encuentran dos hijos de Jesús Manuel Cota Sepúlveda, identificado como chofer de Sansores Río, quienes habrían obtenido plazas durante 2024.

El reportaje también menciona a Rosa Margarita Canul Martínez, esposa del entonces jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria de la delegación, quien presuntamente fue incorporada a un cargo sin cumplir con el perfil requerido.

Otro señalamiento involucra a Claudia Ivette Larrondo Fuentes, esposa de Roberto Guzmán Jaramillo, administrador médico de áreas comunes de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, quien en febrero de 2025 habría obtenido una plaza como técnica de atención a derechohabientes. La investigación también refiere que Mónica Hernández Zamora, esposa de un integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, recibió una plaza ese mismo año.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una sanción administrativa, denuncia formal o resolución de autoridad derivada de los señalamientos publicados. Tampoco se ha dado a conocer una postura pública de Sansores Río sobre las presuntas omisiones patrimoniales y los nombramientos referidos en el reportaje.

El caso coloca bajo revisión pública los mecanismos de asignación de plazas dentro del IMSS y la obligación de los servidores públicos de transparentar su patrimonio. No obstante, cualquier posible responsabilidad administrativa o legal deberá ser determinada por las instancias competentes, conforme a los procedimientos correspondientes.

Mientras no exista una resolución oficial, los señalamientos deben tratarse como presuntas irregularidades derivadas de una investigación periodística. La relevancia pública del caso radica en la necesidad de esclarecer si durante la gestión de Sansores Río existieron conflictos de interés, omisiones patrimoniales o beneficios indebidos dentro de una institución clave para la atención médica en Yucatán.