Ni su renuncia lo salva: diputados de Paraguay aprueban juicio político contra Santiago Peña
Este jueves 5 de noviembre, el Congreso paraguayo protagonizó una jornada decisiva para el futuro político del país. Con 78 votos a favor y ninguno en contra, los legisladores aprobaron la acusación contra Peña, pese a que el presidente había presentado su dimisión minutos antes, cuando ya enfrentaba la pérdida de respaldo de distintos sectores políticos.
La decisión de los diputados representa un nuevo golpe para el mandatario, cuyo gobierno quedó envuelto en una controversia relacionada con la intervención de Ueno Bank, institución financiera que cuenta con aproximadamente 2.9 millones de clientes y cuya crisis ha provocado incertidumbre entre miles de familias paraguayas.
La renuncia presidencial fue presentada formalmente ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, alrededor de las 13:30 horas. Sin embargo, los legisladores decidieron continuar con el procedimiento de juicio político, trasladando ahora la responsabilidad de resolver su continuidad a la Cámara de Senadores.
El origen de la crisis se encuentra en las irregularidades financieras detectadas en Ueno Bank, cuya situación llevó al Banco Central del Paraguay a iniciar un procedimiento de resolución después de identificar un deterioro significativo en sus niveles de solvencia.
La intervención de la entidad bancaria provocó que millones de usuarios enfrentaran restricciones para acceder a sus ahorros, salarios y otros recursos, lo que desencadenó manifestaciones y aumentó la presión social sobre el gobierno.
Las acusaciones contra Peña incluyen presuntos conflictos de intereses relacionados con sus vínculos empresariales anteriores con el grupo propietario del banco, así como cuestionamientos por el manejo de recursos públicos depositados en la institución financiera. Estas señalamientos forman parte de la acusación legislativa y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de responsabilidad.
El proceso político tomó mayor fuerza después de que legisladores del Partido Colorado, al que pertenece Peña, retiraran su respaldo al mandatario y anunciaran su disposición a apoyar el juicio político. Incluso Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana, manifestó su apoyo al procedimiento.
Ante este escenario, Peña anunció públicamente su decisión de abandonar el cargo mediante un mensaje difundido en sus redes sociales.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó el mandatario.
En su mensaje también pidió disculpas a la ciudadanía y manifestó su preocupación por la situación de las personas afectadas por la crisis bancaria, aunque no asumió directamente la responsabilidad por las irregularidades detectadas en la institución financiera.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados rechazó impulsar un juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien se perfila para asumir la Presidencia y completar el periodo constitucional que concluye el 15 de agosto de 2028.
La atención política se concentra ahora en el Senado, que deberá determinar si continúa el procedimiento contra Peña o si acepta su renuncia y deja sin efecto el proceso de destitución.
Esta decisión podría tener importantes consecuencias jurídicas para el mandatario saliente, debido a que una eventual destitución impediría que accediera a la condición de senador vitalicio, figura que contempla determinadas protecciones parlamentarias. En cambio, si su renuncia es aceptada sin una destitución, su situación jurídica podría ser distinta ante futuras investigaciones.
La crisis también ha puesto bajo cuestionamiento la supervisión del sistema financiero paraguayo y la relación entre las instituciones bancarias, los recursos del Estado y los principales actores políticos del país.
Aunque la salida de Santiago Peña abre el camino para una transición presidencial, la aprobación del juicio político demuestra que la controversia está lejos de concluir. El Senado tendrá ahora la responsabilidad de definir el desenlace institucional de un escándalo que ha sacudido al gobierno y afectado la confianza de millones de paraguayos en su sistema financiero.