Santiago Peña busca frenar su juicio político y pide 72 horas para preparar su defensa
La petición fue presentada mediante una comunicación formal dirigida al presidente del Senado, Basilio Núñez, después de que Peña recibiera la notificación del procedimiento la noche del jueves 5 de noviembre. El mandatario argumentó que el tiempo concedido para revisar las acusaciones y presentar sus pruebas resulta insuficiente para garantizar su derecho a una defensa adecuada.
De acuerdo con el documento, el jefe de Estado fue notificado a las 22:15 horas del jueves y recibió un expediente compuesto por una acusación de 15 páginas, acompañada de aproximadamente 300 folios de documentación. Sin embargo, su comparecencia ante el Senado estaba programada para las 10:00 horas del viernes, lo que le dejaba menos de 12 horas para preparar sus argumentos.
A través de su cuenta en X, Peña cuestionó la rapidez del procedimiento y denunció que las condiciones establecidas vulneran las garantías procesales. "Eso no es debido proceso", expresó el mandatario, quien aseguró que está dispuesto a comparecer ante los legisladores para presentar su versión de los hechos.
La solicitud ocurre después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad, el jueves, la acusación para iniciar un juicio político contra Peña por presunto mal desempeño de sus funciones. Durante esa misma jornada, el presidente presentó su renuncia al cargo, aunque el Congreso dejó pendiente su consideración debido a la falta de cuórum en la sesión convocada para resolverla.
En consecuencia, Peña continúa formalmente al frente del Ejecutivo paraguayo, mientras el Senado analiza el desarrollo del procedimiento que podría concluir con su destitución.
El origen de la crisis se encuentra en la intervención de Ueno Bank, ordenada el martes por el Banco Central de Paraguay después de detectar graves problemas de solvencia en la institución. La medida provocó el congelamiento de cuentas y depósitos de cerca de tres millones de clientes, además de generar incertidumbre sobre cuantiosos recursos públicos que permanecían depositados en la entidad financiera.
La situación adquirió dimensiones políticas debido a los vínculos que Peña mantuvo con el grupo empresarial propietario del banco. El mandatario fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, cuando vendió su participación. Sin embargo, las acusaciones legislativas incluyen señalamientos sobre posibles conflictos de intereses, presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales y decisiones administrativas que habrían beneficiado a la institución.
Entre los aspectos cuestionados también se encuentran los depósitos de fondos públicos relacionados con el sistema de pensiones paraguayo, lo que ha intensificado las exigencias de transparencia y rendición de cuentas.
La crisis financiera ha provocado manifestaciones en Asunción y otras ciudades del país. Miles de ciudadanos han salido a las calles para exigir la recuperación de sus ahorros, el esclarecimiento de las irregularidades y la determinación de responsabilidades políticas y administrativas.
Por su parte, Peña ha insistido en que está dispuesto a colaborar con las investigaciones y defender su actuación. El mandatario sostiene que el procedimiento debe respetar las garantías constitucionales y permitirle contar con el tiempo necesario para elegir a sus representantes legales, examinar las pruebas y responder a los señalamientos.
El presidente del Senado, Basilio Núñez, reconoció la importancia del derecho a la defensa y señaló que consultaría con los representantes de las distintas bancadas la posibilidad de modificar el calendario del juicio político.
Mientras tanto, Paraguay atraviesa uno de los episodios de mayor tensión política de los últimos años, con una crisis bancaria que ha trascendido al ámbito institucional y amenaza la continuidad del gobierno.
La solicitud de Peña abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. El desenlace dependerá de las decisiones del Senado, mientras crece la presión social para esclarecer el manejo de los recursos financieros y establecer responsabilidades por el colapso bancario.