Senado de Paraguay le cierra la puerta a Santiago Peña: deberá enfrentar juicio político
La Cámara Alta paraguaya desestimó la petición del jefe de Estado y ordenó que compareciera ante el pleno en un plazo de 30 minutos, con el objetivo de continuar el procedimiento iniciado en su contra. La resolución representa un nuevo episodio de la crisis institucional que atraviesa el país, marcada por cuestionamientos al gobierno y la incertidumbre sobre la continuidad del presidente.
Peña había solicitado una prórroga de 72 horas al considerar que el tiempo disponible para preparar su defensa era insuficiente. Según explicó, recibió la notificación de las acusaciones durante la noche del jueves 5 de noviembre, acompañada de un documento de 15 páginas y aproximadamente 300 folios de información adicional.
El mandatario argumentó que disponer de menos de 12 horas para revisar el expediente comprometía las garantías fundamentales del debido proceso y dificultaba la preparación de una defensa adecuada junto con sus representantes legales.
A través de sus redes sociales, Peña cuestionó las condiciones del procedimiento y aseguró que estaba dispuesto a presentar su versión de los acontecimientos ante la ciudadanía.
"Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos", expresó el presidente paraguayo al justificar su solicitud de aplazamiento.
Sin embargo, los legisladores decidieron mantener el calendario del juicio político, cuyo origen se encuentra en la crisis financiera de Ueno Bank, institución que fue intervenida después de enfrentar graves problemas de liquidez que dejaron a millones de clientes sin acceso a sus recursos.
Las acusaciones contra Peña incluyen cuestionamientos relacionados con sus antiguos vínculos empresariales con la entidad financiera, así como decisiones de su administración vinculadas con funcionarios y recursos públicos. Estos señalamientos forman parte del procedimiento parlamentario y deberán ser evaluados durante el juicio político.
La situación se intensificó después de que Peña anunciara su renuncia a la Presidencia el jueves 5 de noviembre. No obstante, su dimisión no pudo hacerse efectiva debido a la falta de quórum en la sesión del Congreso convocada para analizarla, por lo que el mandatario continúa legalmente en funciones mientras avanza el proceso legislativo.
La Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad la acusación contra el presidente, permitiendo que el Senado asumiera la responsabilidad de analizar los señalamientos y determinar si existen elementos suficientes para destituirlo.
El procedimiento se desarrolla en un ambiente de creciente tensión política, mientras distintos sectores exigen responsabilidades por la crisis bancaria y sus consecuencias económicas para los ciudadanos afectados.
De acuerdo con el mecanismo constitucional paraguayo, la destitución presidencial requiere el respaldo de al menos 30 de los 45 integrantes del Senado. En caso de concretarse, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la Presidencia para completar el periodo constitucional.
Por ahora, el rechazo de la prórroga mantiene abierto el enfrentamiento entre el mandatario y el Poder Legislativo. La comparecencia de Santiago Peña será determinante para el desarrollo del juicio político y podría marcar el desenlace de una de las crisis institucionales más importantes que ha enfrentado Paraguay en los últimos años.