ONU acusa al régimen de Ortega y Murillo de usar desapariciones forzadas para silenciar la disidencia

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, adscrito al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acusó este martes al gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar las desapariciones forzadas como instrumento sistemático para silenciar la disidencia y controlar a la población.

El informe, titulado «La anatomía de la crueldad estatal», documenta al menos ocho muertes en custodia de personas detenidas por motivos políticos desde 2018 y advierte que la policía, las prisiones y los tribunales operan bajo una cadena de mando centralizada en Ortega y Murillo. El hallazgo agrava la presión internacional sobre un régimen que ya enfrenta condenas reiteradas de organismos multilaterales.

El documento identifica 161 casos de desaparición forzada desde 2018; 29 personas permanecen desaparecidas. Entre los fallecidos en custodia figuran el general retirado Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente, y Brooklyn Rivera Bryan, líder indígena miskito de 73 años, exdiputado y fundador del partido YATAMA, cuya muerte anunció el gobierno el 31 de mayo pasado. Los expertos, tras examinar cinco comunicados oficiales y una evaluación independiente de la organización Physicians for Human Rights, concluyeron que las versiones eran contradictorias y médicamente incoherentes. La ausencia de autopsia y de investigación independiente dejó sin refutar la presunción de responsabilidad estatal.

«Un Estado que recurre a la desaparición forzada y permite que personas mueran bajo su custodia no cumple con los estándares mínimos de derechos humanos exigidos para una gobernanza democrática creíble», declaró Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, en el comunicado oficial. El gobierno de Ortega y Murillo sostuvo que Rivera recibió atención médica y apoyo familiar durante su enfermedad, pero no respondió a las acusaciones concretas del panel. Los expertos pidieron que los restos del líder indígena sean entregados a su familia para cumplir los ritos funerarios miskitos.

El Grupo de Expertos fue creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos para investigar violaciones cometidas desde abril de 2018, cuando la represión de protestas contra una reforma de seguridad social dejó más de 300 muertos según informes de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. La publicación del informe coincide con un nuevo cierre del espacio político: en julio Ortega anunció que no habría más elecciones competitivas y en septiembre la Asamblea Nacional aprobó una reforma que excluye a partidos opositores y prolonga los mandatos públicos. El panel exigió al gobierno revelar de inmediato el paradero de los 29 desaparecidos, liberar a todos los detenidos por motivos políticos, investigar las muertes bajo custodia conforme al derecho internacional e instó a terceros países a impulsar mecanismos de rendición de cuentas mediante cooperación judicial y jurisdicción universal.