Pescadores y salineros de Cuyutlán resisten la expansión del Puerto de Manzanillo

Más de 1,500 familias de pescadores, acuacultores y productores de sal que dependen de la laguna de Cuyutlán, en Colima, advierten que las obras de ampliación del Puerto Nuevo Manzanillo-Cuyutlán amenazan el ecosistema del que obtienen sus ingresos, sin que las autoridades les hayan ofrecido alternativas concretas.

El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y anunciado en noviembre de 2024, contempla 1,880 hectáreas de desarrollo portuario, una inversión superior a 63,000 millones de pesos y una fecha de conclusión en 2030. Las obras incluyen dragado, terminales de contenedores e hidrocarburos y nueva infraestructura sobre el vaso II de la laguna, que forma parte de un sitio reconocido bajo la Convención Ramsar como humedal de importancia internacional.

María del Carmen Velasco, representante de la cooperativa Acuacultores de la Laguna de Cuyutlán, lleva 52 años vinculada a la pesca en esas aguas. Advirtió que el dragado dispersará contaminantes y ahuyentará a los peces: «En el momento en que empiecen a dragar vamos a dejar de tener nuestro sustento. Todo se contamina, los peces huyen». Velasco también señaló que en las reuniones con autoridades los productores preguntaron qué alternativas tendrían, pero no obtuvieron respuestas. Según su testimonio, una reunión pública celebrada en el marco del trámite ambiental «no cumplió con los estándares de Escazú».

La laguna también sostiene una producción salinera tradicional de entre 40,000 y 55,000 toneladas por temporada. Yerania Valencia, vocera del colectivo Salvemos Cuyutlán, cuestionó que el crecimiento portuario se presente como sinónimo automático de progreso: «Cuyutlán merece un destino turístico y que la sal llegue a Europa, pero no merecen destruir esa región». El colectivo denunció además que algunos productores recibieron ofrecimientos por terrenos vinculados a sus actividades, pero que los pagos presuntamente no se han concretado.

La polémica se intensificó después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió, el 30 de septiembre pasado, una resolución de conclusión del trámite de evaluación ambiental, pese a que el colectivo documentó 31 insuficiencias en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), entre ellas omisiones sobre afectaciones al manglar y falta de información sobre los vasos III y IV del sistema lagunar. Los habitantes también denunciaron la presencia de tres dragas en el vaso II en semanas recientes, sin que, según aseguran, se cuenten aún con las autorizaciones correspondientes.

Ante esa situación, Salvemos Cuyutlán presentó un juicio de amparo contra los decretos del recinto portuario y el procedimiento de evaluación ambiental, argumentando presuntas violaciones a derechos humanos, al acceso a la información y a la participación pública. La organización también exige que los efectos del proyecto se evalúen de forma acumulativa sobre el conjunto de la laguna, no de manera fragmentada.

Manzanillo movilizó en 2025 cerca de 3.9 millones de unidades equivalentes de veinte pies (TEU), equivalentes a 41% del total nacional registrado ese año por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, lo que lo convierte en el principal puerto de contenedores del país. Esa relevancia estratégica es la que justifica, para el gobierno federal, la ampliación del recinto; para las comunidades de Cuyutlán, en cambio, la pregunta sigue sin respuesta: qué pasará con quienes han vivido de la laguna durante generaciones.