Polonia al borde institucional: Tusk y Nawrocki acuerdan reunión cara a cara tras choque en el Consejo de Seguridad

El primer ministro polaco, Donald Tusk, y el presidente, Karol Nawrocki, acordaron este martes celebrar un encuentro privado para intentar resolver la crisis desatada por la disputa sobre el control del Tribunal Constitucional (TC), después de que ambos protagonizaran un tenso cara a cara en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada en Varsovia.

La confrontación agrava una fractura institucional sin precedentes en la Polonia democrática: dos poderes del Estado se acusan mutuamente de violar la Constitución, el TC sesiona de forma paralela según bandos irreconciliables y la Fiscalía ya investiga posibles cargos contra magistrados suspendidos, lo que sitúa al país en una zona de alto riesgo para el Estado de derecho.

La reunión del Consejo de Seguridad Nacional, convocada con antelación para tratar la posible instalación de una base militar permanente de Estados Unidos en Polonia, derivó durante cinco horas en un enfrentamiento abierto sobre el TC. Nawrocki tomó la palabra al inicio del encuentro y acusó a Tusk de «tomar por la fuerza una institución del Estado polaco en vísperas de una festividad» y de pretender restablecer el Estado de derecho «mediante métodos que vulneran de forma flagrante la ley». El presidente advirtió que «no dejará pasar esto» y que «utilizará todas sus prerrogativas», y fijó el Día de la Independencia, el 11 de noviembre, como plazo para que el primer ministro rectifique. Tusk escuchó las acusaciones sin posibilidad de réplica inmediata frente a las cámaras y los asistentes al Consejo.

La crisis tiene su origen en la madrugada del sábado anterior, cuando Nawrocki se presentó en la sede del TC y, según afirmó Tusk ante la prensa antes del Consejo de Ministros, «forcejeó con varios jueces para abrirse paso a la fuerza». El primer ministro sostuvo que «la defensa del Tribunal Constitucional y de las condiciones de trabajo de los jueces es un deber del poder ejecutivo» y que nadie tiene derecho a irrumpir de ese modo en el recinto. En el centro de la disputa están ocho magistrados elegidos por la mayoría parlamentaria del Gobierno de coalición, cinco de los cuales no han recibido juramento presidencial porque Nawrocki se niega a tomárselo, pese a que la Constitución lo exige.

Este martes, los ocho jueces afines al Gobierno, convocados por la jueza Anna Korwin-Piotrowska —quien el viernes asumió la presidencia del TC tras suspender temporalmente a Bogdan Swieczkowski y a Bartlomiej Sochanski—, aprobaron el presupuesto del tribunal y eligieron por sorteo a los integrantes del comité disciplinario que decidirá si se levanta la inmunidad a ambos suspendidos, paso previo para que la Fiscalía pueda presentar cargos por incumplimiento del deber. Los siete magistrados restantes, nombrados en su momento por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), no participaron en la asamblea. El quórum legal exige dos tercios de los 15 jueces —diez magistrados—, pero el Gobierno y Korwin-Piotrowska calcularon que, descontados los suspendidos y el llamado «juez doble», el mínimo válido se reduce a ocho, una interpretación que añade otro frente de controversia jurídica al conflicto.

Tusk anunció al término del Consejo de Seguridad que propuso a Nawrocki la reunión privada sin informar a la prensa con antelación para evitar presiones externas. El siguiente paso institucional pendiente es esa cita bilateral, cuya fecha no se ha precisado, mientras el 11 de noviembre —jornada en que tradicionalmente desfila por Varsovia una multitud de grupos ultranacionalistas— se cierne como el plazo informal que el presidente fijó unilateralmente para exigir una rectificación del Gobierno.