Profepa clausura 25 predios en José María Morelos por desmonte de 330 hectáreas de selva

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal de 25 predios en el ejido San Isidro Poniente, en el municipio de José María Morelos, tras detectar el desmonte ilegal de más de 330 hectáreas de selva.

La medida afecta directamente a quienes realizaron los trabajos sin autorización federal, pues ninguno de los 25 terrenos acreditó el permiso de cambio de uso de suelo forestal que exige la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La dependencia inició ya los procedimientos administrativos correspondientes, que podrían derivar en sanciones y obligaciones de restauración ambiental.

Las inspecciones se realizaron los días 21 y 29 de octubre en terrenos de selva baja y mediana subperennifolia. En la primera revisión, la Profepa identificó afectaciones en 22 polígonos con una superficie de 304.863 hectáreas; en la segunda, localizó tres predios adicionales con 24.94 hectáreas desmontadas, además de la apertura de caminos y otras intervenciones en el suelo forestal.

Habitantes del ejido señalaron que los trabajos habrían sido realizados por integrantes de un grupo menonita asentado en la región, de acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia. Profepa precisó que esta información, junto con la situación de los derechos ejidales y de usufructo de los terrenos, será revisada durante los procedimientos administrativos, por lo que aún no existe una determinación definitiva de responsabilidad.

El caso se suma a otros operativos realizados entre el 20 y el 29 de octubre en el estado. El día 20, inspectores federales clausuraron las obras del proyecto Restaurante Los Rápidos, colindante con la Laguna de Bacalar, en el municipio de Othón P. Blanco, como parte de un procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental ya en curso. Tres días después, el 23 de octubre, la dependencia detectó en el Polígono Sur de Cancún la eliminación total de vegetación secundaria en 20,980 metros cuadrados, equivalentes a 2.098 hectáreas, sin autorización federal.

Conforme al artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, todo cambio de uso de suelo en terrenos forestales requiere autorización previa de la Semarnat. La Profepa advirtió que la eliminación de vegetación sin permiso provoca pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y fragmentación de hábitats, además de afectar los servicios ambientales de la selva.

Las clausuras impuestas en José María Morelos, Bacalar y Cancún son medidas preventivas y no representan aún una resolución definitiva. La dependencia informó que continuará integrando los expedientes para determinar responsabilidades y aplicar, en su caso, las sanciones y medidas de restauración que correspondan.