Rebajan a 13 años la petición de cárcel contra Begoña Gómez
La acusación popular en el proceso judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, redujo de 24 a 13 años la pena de prisión que solicita para ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público.
La modificación fue presentada en un nuevo escrito de conclusiones, después de que la Audiencia Provincial de Madrid limitara el procedimiento a dos delitos y descartara las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida. El caso está previsto para ser analizado en un juicio con jurado popular.
La acusación, encabezada por la asociación Hazte Oír, solicita dos años de prisión por el presunto delito de tráfico de influencias, tres años por malversación continuada de patrimonio público y ocho años por otro supuesto delito de malversación. De manera alternativa, plantea una condena de diez años en caso de que el tribunal considere que los delitos están relacionados entre sí.
La investigación se encuentra relacionada con la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. La acusación sostiene que presuntamente aprovechó su posición como esposa del presidente del Gobierno para impulsar dicho proyecto académico.
También se investiga el supuesto uso de recursos públicos, particularmente el trabajo de Cristina Álvarez, asesora asignada a Gómez en el Palacio de La Moncloa, para atender actividades vinculadas con la cátedra. La petición de prisión contra Álvarez también fue reducida, al pasar de 22 a seis años.
Dentro de su escrito, la acusación popular solicitó la comparecencia de alrededor de un centenar de testigos, entre ellos Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La declaración del jefe del Ejecutivo fue solicitada por su relación con la acusada y por la supuesta utilización de instalaciones de La Moncloa en actividades relacionadas con el proyecto investigado.
La Audiencia Provincial también dejó fuera del procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés, al considerar que no existían indicios suficientes para mantenerlo dentro de esta fase del caso.
La reducción de la pena solicitada no representa una condena ni el cierre del proceso, sino una modificación de la postura de la acusación popular tras la decisión de la Audiencia de limitar los delitos que podrán ser juzgados. Begoña Gómez mantiene su presunción de inocencia mientras el procedimiento continúa y el tribunal determina si existen responsabilidades penales.