Sheinbaum exige investigar presuntas torturas contra jóvenes durante protesta en Jalisco
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias de presunta tortura contra jóvenes detenidos durante una manifestación en Guadalajara, Jalisco. La mandataria condenó los posibles abusos cometidos por elementos policiales y exigió identificar a los responsables para evitar que los hechos queden impunes.
Durante su conferencia matutina de este miércoles 14 de octubre, Sheinbaum se pronunció sobre los acontecimientos registrados el pasado domingo 11 de octubre, cuando ciudadanos salieron a las calles para exigir soluciones ante los problemas de calidad del agua que afectan a distintas zonas de la capital jalisciense.
La movilización, realizada frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, terminó en enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad, quienes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a los participantes. Posteriormente, comenzaron a circular denuncias sobre detenciones arbitrarias, agresiones físicas y presuntos actos de tortura contra algunos de los jóvenes arrestados.
Ante estos señalamientos, la presidenta consideró indispensable que las autoridades de derechos humanos intervengan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las detenciones y determinar si existieron violaciones a las garantías fundamentales de los manifestantes.
“¿Quién dio la orden? ¿Por qué? Que entreviste a las víctimas y que haya responsables”, expresó Sheinbaum al solicitar que las investigaciones permitan establecer responsabilidades dentro de las corporaciones policiales involucradas.
La mandataria también cuestionó que, en pleno 2026, continúen presentándose denuncias de este tipo contra las fuerzas de seguridad del país.
“¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?”, manifestó durante su intervención.
Sheinbaum aseguró que ninguna institución encargada de mantener el orden público puede recurrir a la tortura o a la represión como mecanismos para controlar las manifestaciones ciudadanas. En ese sentido, sostuvo que el uso de la fuerza debe sujetarse a los principios legales y al respeto de los derechos humanos, particularmente cuando se trata de personas que ya se encuentran bajo custodia de las autoridades.
“No podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen. Es inadmisible”, declaró.
Asimismo, informó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe detallado sobre lo ocurrido en Guadalajara, con el objetivo de contar con mayores elementos para evaluar la actuación de las autoridades estatales.
La presidenta señaló que la CNDH deberá revisar los testimonios de las personas afectadas, analizar las circunstancias de las detenciones e identificar a quienes pudieron haber ordenado o ejecutado las agresiones. También planteó la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga si las características del caso lo ameritan.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que durante el operativo policial se registraron graves deficiencias, así como un uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas. El mandatario estatal anunció una investigación interna para determinar posibles responsabilidades entre los elementos de seguridad que participaron en los hechos.
Las denuncias también han generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que han solicitado esclarecer las condiciones en las que permanecieron detenidos los manifestantes y garantizar que quienes denuncian agresiones puedan acceder a los mecanismos de justicia correspondientes.
El caso ha colocado nuevamente en el centro del debate nacional la actuación de las corporaciones policiales frente a las protestas sociales, así como la obligación de los gobiernos de garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.
Mientras avanzan las investigaciones, las acusaciones de tortura permanecen pendientes de esclarecimiento por parte de las autoridades competentes. Sheinbaum reiteró que cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos deberá investigarse y sancionarse, independientemente de la institución o del nivel de gobierno al que pertenezcan los responsables.
La controversia ocurre, además, en medio del descontento ciudadano por los problemas de abastecimiento y contaminación del agua en Guadalajara, una situación que continúa generando exigencias de soluciones por parte de la población.
Con la intervención solicitada a los organismos de derechos humanos, el gobierno federal busca que se esclarezcan las denuncias y se determinen las responsabilidades correspondientes, mientras persiste la exigencia de garantizar que ninguna persona sea víctima de violencia o malos tratos por ejercer su derecho a la protesta.