Sandra Weiss, periodista alemana enviada a Nicaragua por el diario suizo Neue Zürcher Zeitung, fue agredida el 10 de agosto cuando documentaba una invasión de tierras en Chinandega, provincia localizada al oeste del país. Weiss quería documentar los daños causados al proyecto “Chinandega Maracuyá Company (Chimaco)”, una enorme plantación de maracuyá con una inversión de 20 millones de dólares propiedad de una empresa suiza y del Grupo Coen —uno de las mayores de este país centroamericano—, que había sido invadida por grupos armados leales al Gobierno del presidente Daniel Ortega. A la reportera le ordenaron que se bajara del taxi que había contratado, le robaron su cámara, grabadora, sus notas y la tarjeta de crédito, con la que más tarde sus asaltantes harían una compra por 2.000 dólares en gasolineras locales. El asalto a Weiss es la más reciente agresión contra el periodismo en un país donde desde el Gobierno se persigue y criminaliza esta profesión, según denuncias de reporteros y directores de medios de comunicación.
El 18 de abril, cuando el presidente Ortega ordenó un ataque de sus huestes a una manifestación contra las reformas a la Seguridad Social que se desarrollaba de forma pacífica en Managua, los simpatizantes de Ortega —armados de tubos y garrotes— agredieron a periodistas que cubrían la protesta, entre ellos corresponsales de la prensa extranjera. La indignación por la respuesta violenta del Ejecutivo a quienes se oponían a las reformas derivó en una serie de manifestaciones que desde el 19 de abril exigen la salida del poder del mandatario sandinista y que han dejado al menos 317 personas asesinadas. El 21 de abril, cuando se cumplían tres días de brutal represión, Ángel Gahona, periodista y propietario del noticiero El Meridiano, fue asesinado en la ciudad de Bluefields, localizada en el Caribe de Nicaragua. Gahona transmitía por Facebook Live un enfrentamiento entre las tropas de antidisturbios y los manifestantes, cuando recibió un disparo en la cabeza.
Los colegas de Gahona en Bluefields repudiaron el asesinato y culparon a la Policía Nacional, que desató el acoso e intimidación contra los reporteros que fueron testigos del hecho. La periodista Ileana Lacayo denunció que ella y otros reporteros han sido “perseguidos” por “policías de civil y uniformados”, que también han “monitoreado los movimientos” de sus familiares, por lo que ella tuvo que dejar Nicaragua.
A estas agresiones se sumó la censura a medios de comunicación independientes, tras la orden de Telcor —la empresa estatal reguladora de las telecomunicaciones— de retirar de la señal abierta a al menos cuatro canales de televisión, que cubrían en directo las manifestaciones antigubernamentales. El Canal 100% Noticias fue el medio más afectado por la censura de Ortega, al ser retirado del aire sin explicaciones durante varios días en abril. Los sitios de Internet de la revista Confidencial y del diario La Prensa también sufrieron ataques que los dejados desconectados durante horas.
En junio, cuando el Gobierno armó a agrupaciones irregulares que asaltaron las barricadas levantadas por la población en varias ciudades del país como forma de protesta, un grupo de parapoliciales golpearon a periodistas que pretendían realizar una cobertura del asalto contra la ciudad de Masaya, localizada a 35 kilómetros al sureste de Managua. Los encapuchados rodearon a las periodistas Leticia Gaitán, de 100% Noticias, y Daliana Ocaña y Luis Alemán, de Canal 12, y los amenazaron con armas de alto calibre. Les robaron parte de su equipo.
Mientras tanto, Roberto Collado Urbina, corresponsal del noticiero Acción 10 en la colonial ciudad de Granada, fue golpeado y secuestrado por grupos parapoliciales. El joven resultó con heridas de gravedad en la cabeza —que tuvieron que ser suturadas— y el dedo meñique de su mano izquierda quedó inutilizado por la golpiza. Otro reportero de Acción 10, Paco Espinoza, denunció persecución en su contra, por lo que tuvo que esconderse en las montañas del norte de Nicaragua. A Espinoza, que dio cobertura a las manifestaciones contra el Gobierno en Jinotega, ciudad del norte de Nicaragua, la Policía lo acusa por “terrorismo, robo y tortura”. El joven reportero dijo que se le ha puesto “precio” a su captura: se ofrecen 7.000 dólares. Una denuncia similar hizo la dirección de Radio Corporación, de Managua, al informar la semana pasada que en perfiles de redes sociales afines al Gobierno se ofrecen hasta 5.000 dólares por la captura del corresponsal de esa emisora en Masaya.
