Editorial La Revista Peninsular
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó
ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra del ex presidente
Enrique Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras. Aunque éste
podría representar un precedente histórico respecto al combate contra la
corrupción en el país, existen dudas sobre el desenlace de la investigación
pues el actuar de la Fiscalía ha dejado mucho qué desear en otros casos que
también tienen que ver con actores políticos del sexenio pasado.
Pablo Gómez, titular de la UIF, dio a conocer en “la
mañanera” del pasado 7 de julio que había presentado una denuncia ante la FGR
en contra de un ex presidente por posibles delitos fiscales. Según Gómez
Álvarez, el ex mandatario mexicano habría recibido más de 26 millones de pesos
de un familiar en una cuenta española, además de tener nexos con dos empresas,
las cuales presentan irregularidades fiscales. Asimismo, informó que dicho
familiar ha movido 189 millones de pesos en retiros y 47 millones de pesos en
depósitos.
En respuesta a estos señalamientos, el ex presidente
Peña Nieto dijo estar cierto de que las autoridades le permitirán aclarar los
cuestionamientos sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo. De
igual manera, el último presidente emanado del PRI expresó su confianza en las
instituciones mexicanas de justicia.
Independientemente de las posturas sobre su
culpabilidad, el mensaje compartido por el ex mandatario constituye un ejemplo
de cómo deben conducirse los políticos durante crisis mediáticas. Enrique Peña
Nieto afirmó que existe una investigación en su contra y, lejos de buscar
desacreditarla, se dijo dispuesto a comprobar su inocencia mediante los
procesos legales correspondientes, así como también manifestó su confianza a
las instituciones que procuran justicia lo cual fortalece la percepción del
Estado de Derecho. De esta forma, logró cambiar la narrativa para no ser visto
como culpable sino como una persona capaz de demostrar su inocencia en juicio.
Es importante señalar que aún no se inician procesos
judiciales en contra de Enrique Peña Nieto, sólo se abrió una carpeta de
investigación debido a lo encontrado por la UIF. Entonces, lo dicho por Pablo
Gómez no fue una acusación, únicamente el anuncio de una investigación que ya
se venía haciendo desde hace varios meses.
Hubo quienes criticaron que lo anunciado por Pablo
Gómez era un show mediático hecho para perseguir políticamente al ex presidente
Peña puesto que no se trató de una investigación nueva ni del inicio de un
juicio. El presidente López Obrador respondió a estas críticas que en su
gobierno no se perseguía ni encubría a nadie y que si se dio a conocer la
investigación fue por su compromiso con la transparencia.
También hubo analistas que coincidieron en que el
anuncio de la investigación tenía que ver con las elecciones que habrán de
celebrarse en el Estado de México en junio del 2023. El Estado de México es un
estado de gran interés para Morena pues siempre ha sido priista por lo que
ganarlo representaría un golpe fatal para el PRI. Igualmente, es la entidad del
país con el padrón electoral más grande, entonces tiene un valor especial para
las elecciones presidenciales del 2024.
De acuerdo a lo que ha trascendido en la prensa, el
grupo de Atlacomulco (histórica agrupación priista del Estado de México que
actualmente es liderada por el gobernador Alfredo del Mazo) ya definió la
estrategia que seguirían para mantener la entidad en control del PRI,
supuestamente bajo la guía y consejo de Peña Nieto. Por esto, se considera que
lo anunciado por Pablo Gómez podría ser un mensaje al ex presidente para que se
abstenga de intervenir en esa importante elección.
Esperemos que la investigación en contra del ex presidente
Enrique Peña Nieto sea muestra de legalidad y justicia en México y no de
persecución política ni linchamiento mediático, aunque desafortunadamente el
reciente actuar de la FGR nos hace pensar que es más probable el segundo
escenario. Basta con ver los juicios de Rosario Robles y Emilio Lozoya para
darse cuenta de que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero ha dado prioridad a
lo político y no a lo legal cuando se trata de actores políticos del sexenio anterior.
Si hay delito, que no haya impunidad y, si no hay, que
no haya persecución.
