La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama pidió a sus pares de la Cámara Alta la modificación de tres leyes federales para que las personas con Síndrome de Down reciban servicios médicos inmediatos y gratuitos en el IMSS o en el ISSSTE, independientemente de su condición de derechohabiencia o afiliación.
De acuerdo con la legisladora federal, la iniciativa permitiría que los niños, jóvenes o adultos con Síndrome de Down cuenten con revisiones regulares, estudios y análisis médicos, de los que podrían carecer por falta de recursos económicos.
Añadió que en México se registra un caso de Síndrome de Down por cada 650 recién nacidos.
—Es importante entender todo lo que pasan estas personas desde su infancia hasta la adultez y lo difícil que a veces resulta para sus familias, pues deben estar pendientes de las diversas complicaciones médicas que se les pueden presentar a sus seres queridos —consideró.
Desde la tribuna más alta de la nación, Rosa Adriana Díaz recordó que hace pocos días visitó la asociación civil Ayelem, en la ciudad de Mérida, donde “conocí a un chico encantador llamado José, quien con mucho cariño nos dio la bienvenida”.
—Ahí, en Ayelem, el mundo se transforma y vimos a seres humanos con la única preocupación de ser felices, de convivir y ocuparse. Conocí desde la enseñanza académica que reciben hasta el servicio laboral que ofrecen y que los convierte en seres muy especiales.
—Pero igual pude ver sus carencias, sobre todo en el tema de salud y empleo —advirtió.
—Por ello —sostuvo—, debemos garantizarles a esta personas, independientemente de la condición social o laboral de la familia, el acceso efectivo a los servicios de salud.
—Es nuestro deber brindarles la más solidaria protección —agregó.
MODIFICACIONES PROPUESTAS
Rosa Adriana Díaz pidió reformar la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
En la iniciativa se precisa que cualquier persona con Síndrome de Down o sus familiares podrían solicitar el servicio de manera directa o por referencia de otra unidad médica.
Luego de su aprobación, las autoridades de salud tendrían a su cargo emitir y efectuar las adecuaciones normativas y reglamentarias para dar cumplimiento a la iniciativa, en un plazo no mayor de 120 días.
