Operado por el Departamento de Estado, el programa ofrece dinero sobre personas fuera de los Estados Unidos que el Gobierno considera como asociados al terrorismo pero que no tienen cargos por crimen alguno.
También ofrece recompensas dinerarias a individuos extranjeros a los que considera estar implicados en actos de terrorismo si cooperan con Estados Unidos.
“A muchas de las personas a las que el programa Recompensas para la Justicia tiene como objetivo, se las ha negado el derecho al debido proceso”, asegura Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
“Esos derechos comprenden el de la presunción de inocencia y el de un juicio justo, a los que Estados Unidos está obligado por las leyes internacionales. Ofreciendo dinero por la información que pueda conducir a su detención, el programa alienta a otras personas a participar en la denegación de esos derechos”, asegura la relatora.
“Tales recompensas tienen paralelismo con los carteles de personas en busca y captura” de la Justicia estadounidense, explica Douhan, sin embargo, a diferencia de los extranjeros, “los ciudadanos norteamericanos han sido acusados formalmente de crímenes o tienen órdenes de arresto”.
El ofrecimiento de dinero por la captura de individuos extranjeros supuestamente implicados en actividades terroristas o asociados con entidades descritas por Estados Estados como implicadas en actividades terroristas, incluidas instituciones en Irán, Cuba y otros muchos Estados, vienen acompañadas de amenazas sobre la imposición de sanciones a aquellos individuos que no cooperen con las exigencias del Gobierno estadounidense, explica la ONU.
Sin posibilidad de acceder a la justicia para protegerlos, las sanciones impuestas contra esos individuos violan distintos derechos humanos, entre ellos el derecho al trabajo, la libertad de movimiento, el derecho a la buena reputación, el derecho a la vida y el derecho al olvido.
“Hacer que una persona lleve a cabo tareas contra su voluntad bajo la amenaza de una sanción por no hacerlo equivale a trabajo forzoso según lo definido por los acuerdos hechos a través de la Organización Internacional del Trabajo, una definición que Estados Unidos”, dijo Douhan.
