La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes intervenir en una disputa legal sobre la orden ejecutiva DACA, dejando en el limbo la suerte de cientos de miles de jóvenes inmigrantes.
La inacción del principal tribunal del país permitirá que gran parte del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA en inglés) sobreviva más allá de la fecha límite del 5 de marzo fijada por el presidente Trump el pasado mes de septiembre.
Ahora, los beneficiarios de DACA entran de hecho en un limbo legal de duración indefinida. No podrían ser deportados mientras estén bajo ese status, pero tampoco se regulariza su situación migratoria en Estados Unidos.
En enero, el juez William H. Alsup del Tribunal del Distrito Federal en San Francisco dictaminó que la administración había abusado de su discreción y había actuado arbitraria y caprichosamente al rescindir el programa. El juez Nicholas G. Garaufis del Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn emitió un fallo similar este mes.
Ambos jueces federales ordenaron a la administración mantener partes del programa mientras es examinado en cortes, en particular permitir a las personas inscritas en él -conocidos como dreamer o soñadores- renovar su status. No requiere que se acepte nuevas solicitudes.
El gobierno de Trump apeló el fallo del juez Alsup ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, en San Francisco, y ese tribunal puso la apelación en una vía rápida. Pero en una medida inusual, la administración también solicitó a la Corte Suprema una revisión inmediata, antes del fallo del tribunal de apelaciones.
La Corte declinó ahora examinar el caso, pero podría retomarlo en unos meses, luego del proceso judicial establecido para los litigios.
Mientras tanto, los dreamers -unos 700 mil en todo el país- pueden seguir renovando su status, pero debido a que el gobierno quiere eliminar el programa, y este no es prioritario, la renovación puede tardar meses.
Al mismo tiempo, la negativa del principal tribunal del país a examinar el caso quita presión sobre el Congreso para alcanzar una solución legislativa. Previos intentos han sido fallidos.
