Editorial La Revista Peninsular
Con la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la proliferación de energías renovables perdió fuerza en el país debido a que la estrategia energética nacional se avocó únicamente a fortalecer las energías dependientes de combustibles fósiles; tras una acción por parte de la Secretaría de Energía para impedir la operación de plantas eólicas y fotovoltaicas, que ya cumplían con los requisitos necesarios para entrar en funcionamiento, el tema de las energías limpias vuelve a ser sujeto de discusión, pero con un escenario futuro poco prometedor.
Desde la campaña electoral se sabía que a López Obrador no le agradaba la idea de las energías limpias; los rumores indicaban que mientras el entonces candidato se trasladaba en automóvil para acudir a uno de sus eventos de campaña, observó los colosales ventiladores necesarios para generar energía eólica, y se disgustó pues consideraba que afeaban el paisaje. Este rumor se fue confirmando con penosas declaraciones del mismo Andrés Manuel y de sus colaboradores, en las que descalificaban a las energías renovables por promover la contaminación visual, o por robarles el viento a las comunidades indígenas.
La perspectiva del Presidente de la República va en contra de los esfuerzos globales para combatir el cambio climático, pues las naciones del mundo acordaron homologar acciones en este sentido desde hace algunos años, y dispusieron darle prioridad a la difusión de energías renovables, ya que su proceso de generación es menos contaminante que el de las energías tradicionales, además que no depende del petróleo, el cual es un recurso destinando a agotarse.
Entonces bien, ya sabíamos que en la actual administración federal no había afinidad por las energías limpias, la cual es una visión cuestionable, pero no ajena a la dinámica de una democracia plural y representativa; sin embargo, habían proyectos energéticos aprobados en administraciones pasadas con los que se podría continuar el combate al cambio climático desde la Iniciativa Privada y los gobiernos estatales.
Es por esto que cuando la Secretaría de Energía dispuso que se emitiera un acuerdo para impedir que entraran en operación decenas de plantas eólicas y fotovoltaicas en distintos Estados, los sectores del país se alarmaron, y denunciaron el abuso del gobierno federal. La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, publicó dicho acuerdo sin los procesos de revisión necesarios para exponer los impactos de la regulación, ni se sometió a consulta pública o se puso a discusión de las industrias del país el contenido del documento, como establece la ley.
El acuerdo fue presentado como un plan energético ante la pandemia, aunque la única medida sustancial que consideraba era la referente a impedir el funcionamiento de las plantas de energía renovable, argumentando que estas plantas afectaban a la red eléctrica nacional por fallas que no pudieron ser comprobadas, porque el acuerdo se publicó sin el proceso correspondiente. A pesar de cómo fue presentado en un principio, el documento final del acuerdo no hace mención alguna del COVID-19, ni la contingencia global ocasionada por éste, dejando en claro la verdadera intención del gobierno federal.
Varios gobiernos estatales manifestaron su inconformidad con la medida, pues se ponían en riesgo inversiones millonarias a sus entidades, que naturalmente generarían empleos y crearían un mercado energético más competitivo. La Iniciativa Privada, mediante órganos como el Consejo Coordinador Empresarial, también expresó su rechazo al acuerdo del ejecutivo federal, ya que muchos empresarios nacionales habían puesto dinero en estos proyectos, y ahora serían cancelados por una decisión evidentemente arbitraria. Incluso intervinieron representantes de otras naciones, como los Embajadores de los países de la Unión Europea, quienes solicitaron reuniones con Nahle García para abogar por los inversionistas extranjeros que veían en riesgo las operaciones realizadas en nuestro país, los cuales cumplieron los requisitos necesarios establecidos en la legislación.
Después de numerosos amparos promovidos por los afectados, el poder judicial anuló los efectos del decreto a favor de quienes denunciaron, pero la Secretaría de Energía comunicó que agotaría todas las instancias disponibles para hacer valer su impedimento contra las plantas de energías renovables.
A pesar de los esfuerzos que plantea la Secretaría de Energía, lo más probable es que se mantenga la sentencia del poder judicial, y se permita la operación de las plantas en cuestión; esto significaría que éste controversial episodio de la política mexicana tuvo dos consecuencias, una positiva y una negativa.
La positiva es que las energías renovables vuelven a estar en boca de todos tras ser relegadas al olvido por más de un año, y sus beneficios hacen eco en las distintas cámaras empresariales y oficinas de gobierno del país. La negativa es que el actuar del ejecutivo federal tendrá un impacto en la confianza de quienes pretendan invertir en el país, nacionales y extranjeros, pues el gobierno no ha podido generar certeza jurídica para el sector privado al cancelar, o pretender cancelar, distintos proyectos y operaciones por arbitrariedades.
Más allá de las consecuencias, tranquiliza ver que el poder judicial mantiene su función de contrapeso ante el poder ejecutivo, y hace valer la ley a pesar de las posiciones del último. No obstante, debemos evitar acostumbrarnos a ésta dinámica política que cada vez se vuelve más reiterativa, en la que el gobierno federal emite una disposición evidentemente contraria a la Constitución y las normas, y los juzgadores tienen que salir al auxilio de la población y el Estado de Derecho; aún no se termina de resolver éste asunto, y ya está sobre la mesa una acción de la Secretaría de Economía que vulnera las facultades electorales del INE.
