Un juez federal de Estados Unidos ha decidido extender hasta el 21 de febrero la suspensión temporal de los planes de la administración Trump para poner en licencia administrativa a miles de empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta decisión se produce en medio de una demanda presentada por sindicatos de empleados gubernamentales que cuestionan la legalidad de las acciones de la administración.
El juez Carl Nichols expresó su preocupación por la seguridad de los trabajadores de USAID en el extranjero y solicitó al gobierno información detallada sobre las medidas que se implementarán para garantizar su protección en caso de ser colocados en licencia. Nichols afirmó: “Necesito conocer los detalles de cómo el gobierno va a prevenir eso y usted no puede decir con particularidad cómo va a funcionar”.
La administración Trump ha argumentado que estas acciones son parte de un esfuerzo para “recalibrar” la política de ayuda exterior y que algunas asistencias continúan fluyendo. Sin embargo, los sindicatos sostienen que estas medidas están creando una crisis humanitaria global y que la administración está intentando desmantelar USAID sin la autorización del Congreso.
Esta extensión de la suspensión brinda al tribunal más tiempo para considerar la solicitud de los sindicatos de una orden judicial más amplia que detenga las acciones de la administración mientras avanza la demanda. Se espera que el juez Nichols emita una decisión antes de que la suspensión actual expire el 21 de febrero.
