Buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan, les agradezco su amable asistencia, soy su servidora Jazmín Villanueva Moo, diputada por morena del distrito octavo local.
Me voy a permitir ocupar un poco de su tiempo,para hacer notar un suceso muy relevante en el acontecer social de nuestro estado: Hace ya algunos días que el Titular del Poder Ejecutivo envió al Congreso del Estado reformas jurídicas respecto del poder judicial, consecuentemente, ha presentado ante el Congreso del Estadodiferentes ternas para designar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en ese orden de ideas, es sumamente lamentable, que el Poder Legislativo sea utilizado como una dependencia de mero trámite de la administración pública del Poder Ejecutivo, es decir, se hace evidente que, en Yucatán, no hay División de Poderes, hay complacencia, hay cortesanos, pretendiendo ahora consolidar el control, además,colonizando el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En dicho tenor y con mucho respeto, me referiré, haciendo algunos comentarios, a un acontecimiento reciente qué ha cimbrado la vida jurídico-política de nuestra entidad. Haré notaren principio, la valentía de una persona a quien no conozco personalmente, nada sé de su orientación política y ni resulta importante saber por quién vota o siquiera si lo hace. Con admiración me referiré al ciudadano juez Primero de Control del Primer Distrito Judicialcon sede en esta Ciudad de Mérida, Yucatán, el Lic. Santos Alfredo May Tinal.
Esta semana, el Congreso del estado se quedó pasmado ante una situación poco frecuenteque, inmersa en la turbación de la secretaría del Congreso, originó que se modificara 2 veces laorden del día de la sesión extraordinaria del día de martes 7 de junio. Se tomó cuenta del Amparo interpuesto y la suspensión otorgada al Juez May Tinal.
Causó desazón que se haya quebrantado el guion dictado desde el poder ejecutivo en lo que se refiere al inconstitucional e inconvencionalprocedimiento de designación de magistrados,viciado de origen, a raíz de la reciente reformaal Poder Judicial a modo de los intereses del gobernador y operada por la representación de su partido en el Congreso, sumisa ante sus Instrucciones.
Resulta por demás evidente que una magistratura no puede ser un propedéutico en función de la responsabilidad que se adquiere respecto de soluciones legales surgidas de una sociedad democrática de derecho, ante diferentes conflictivas sociales y humanas propias de las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales, que se viven en el orden cotidiano, en donde no se vale experimentar y aprender una función tan técnica y científica como la impartición de justicia.
Es claro, el juez May Tinal al reclamar la seria omisión que significa no aplicar reglas y criterios claros, para establecer el perfil idóneo y de excelencia en la integración de ternas para ocupar la cúspide de la carrera judicial que, es la magistratura, en simulado ejercicio de simple cumplimiento de requisitos formalistas, unido al ofensivo velo, en que, la realidad ha mostrado que, en cada terna existe previa designación acompañada de dos figuras de paja, pone de manifiesto su preocupación en un serio retroceso del dinamismo que, en nuestro Estado, ha caracterizado la evolución de la función jurisdiccional en búsqueda de su excelencia, preocupación que nuestra sociedad y su servidora hacemos nuestro.
Coincido plenamente en la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del proceso de selección y designación realizada por el Gobernador en relación a los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, pues no se basó en mecanismos adecuados que garanticen la libre concurrencia, como componentes objetivos para la designación, ello a pesar de que la Constitución Nacional y Estatal, los previenen, por lo tanto, esa omisión del ejecutivo violenta su compromiso constitucional de respetar y hacer respetar ambos ordenamientos constitucionales y las leyes que ellas emanen.
Se está reclamando el trato discriminatorio que, en lo general, se da a los Jueces de Primera Instancia en todas las especialidades, y en lo particular al Juez May Tinal, del quehacer jurisdiccional del Poder Judicial del Estado; toda vez que hasta el momento no han sido siquiera considerados para ocupar una candidatura en las ternas enviadas por el Gobernador Estatal y,consecuentemente, el Congreso Estatal no tomaen consideración a quienes por su experiencia y trabajo tienen derecho legítimo y legal para ser designados a tan alta encomienda; lo que constituye un obstáculo que impide ocupar un cargo que es congruente con su profesión y ejercicio laboral.
Estoy convencida que las conductas del Ejecutivo y su brazo ejecutor en el Legislativo han lastimado, la dignidad humana que, no se debe identificar ni confundir con un precepto meramente moral, sino que está en nuestros ordenamientos como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido en nuestra Constitución, pues la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades.
Los actos que el Juez May Tinal reclama al Gobernador y al Congreso de nuestro Estado, no puede ni debe ser considerado como una pretensión egoísta, antes bien un justo reclamo ante la vulneración del principio de igualdad de oportunidades para ser promovido a la categoría superior natural y orgánica, que corresponde en la labor jurisdiccional, que es precisamente una Magistratura del Tribunal Superior de Justicia, aspiración y cúspide de todo Juez de Primera Instancia en el fuero local, lo que se traduce en un trato discriminatorio, toda vez que no se toman en cuenta, la eficacia y probidad en la impartición de justicia o en la carrera judicial yque en el caso del Juez May Tinal, se comete la arbitrariedad de ignoran todos los cargos que ha ocupado dentro del Poder Judicial del Estado, mismos que fueron por rigurosos exámenes de oposición; ni fue considerada su honorabilidad y competencia adquiridas en el desarrollo de suvida profesional como Servidor Público.
El Gobernador y el Congreso locales no determinaron ni se sujetaron a las bases, los principios y los criterios debidamente contenidos en la Constitución Local y Federal, ni mucho menos motivaron las razones por las cuales los candidatos seleccionados eran las mejores opciones para esos cargos, sino que, de manera discrecional y subjetiva, acordaron proponer y aprobar el nombramiento deMagistrados, sin que hasta ahora se tenga constancia fehaciente de que se hubiera respetado el principio de sujeción de la designación de magistrados a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se designen, como forma para salvaguardar la independencia judicial, para que todos los ciudadanos interesados en participar en el proceso lo hicieran en igualdad de circunstancias.
Valoro la valentía del Juez May Tinal, pues el entorno y presiones oficiales los tiene en contra.Apoyo en mi papel de diputada y ciudadana, el justo reclamo que hace; estaremos con él, sin solicitar pago de facturas ni endosos políticos, entendemos que defiende sus legítimos derechos y estamos juntos en su exigencia para ser tomado en cuenta para ser Magistrado, miembro del Tribunal Superior de Justicia.
El Estado tiene ciudadanos no cortesanos. Que no se equivoque el Señor Gobernador.
Los tiempos donde los hacendados despojaban de sus derechos a nuestros hermanos indígenas quedo en el pasado, hoy hay hombres y mujeres valientes, que no están dispuestos a que se les atropellen sus derechos constitucionales. Se debe apreciar la calidad de idoneidad de poder participar para cualquier cargo público, Maxime cuando se trata de la aplicación de la justicia, no podemos poner inexpertos a justipreciar valores jurídicos que contemplan derechos humanos, entre los que se debe destacar el reconocimiento del Estado a favor de los ciudadanos de su derecho a un proyecto de vida digno, conforme al cual cualquier persona por el solo hecho de serlo tiene el derecho de aspirar a mejorar su situación profesional, personal, social, económica, política y cultural, es decir, su plena autorealización, lo que, en el caso que someto a la consideración de la opinión pública, se violenta de manera burda por el autoritarismo del gobernador y el servilismo de los diputados de su partido y aliados políticos.
Me queda claro los ciudadanos del Estado de Yucatán, merecemos un mejor gobierno, merecemos un poder judicial consolidado, profesional, ético y con altos estándares de excelencia, no un poder judicial en el que los incondicionales del gobernador experimenten, improvisen o, peor aún, cometan errores que destruyan la confianza ciudadana en sus instituciones de justicia.
Estamos a tiempo, me sumo a la lucha del Juez May Tinal, y le pido a la ciudadanía que reflexione un poco, y se una a nostros.
Soy, amiga de todos ustedes, gracias.
Diputada Jazmín Yanely Villanueva Moo
