Hay cosas que muchos hubiéramos dado por sentadas, que suponíamos que no necesitaban reglamentación o que ya estaban sancionadas por otros ordenamientos jurídicos. Nunca pensé que los llamados charolazos por parte de los legisladores estuvieran permitidos.
Eso se llama abuso de poder o uso indebido de atribuciones y facultades, ambos tipificados en el Código Penal Federal y en la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.
También estaba convencida de que llegar al recinto parlamentario en estado de ebriedad o bajo el influjo de una droga estaba prohibido, porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo (art 135) y lo sitúa como causal de despido (Art. 47 frac. XIII).
Otra, suponía que el acoso laboral y sexual estaban prohibidos. Hasta donde me alcanza la memoria, desde 1991 esta conducta estaba tipificada y le correspondía una sanción de 40 días de multa. Después se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007). Finalmente, en 2011 los diputados acordaron endurecer las penas por este delito fijándolas entre seis meses y hasta dos años de prisión.
Una más, se prohíbe a los legisladores pedir tratos preferenciales. ¿Tenían derecho a ellos?, ¿cuáles eran?, ¿quién y con qué autoridad los otorgaba?
Lo mismo ocurre con la prohibición de recibir regalos que superen cierto monto, de corromperse o de incurrir en conflictos de intereses.
Otro tipo de conductas las suponía de mínima urbanidad: no impedir los trabajos parlamentarios a través de tomas de tribuna o no utilizar “lenguaje vulgar”.
Estos son los contenidos principales del nuevo Código de Ética aprobado el viernes 29 de abril con ánimo celebratorio.
Pero, claro, ninguna de estas prácticas indebidas, prohibidas o consideradas delitos aplican a los señores y señoras diputados, porque tienen inmunidad parlamentaria, fuero o como se le quiera llamar al privilegio de no ser tratados con el mismo rasero de la justicia al que están sometidos la mayoría de los trabajadores y ciudadanos. Tan es así que el Código remata estableciendo que su contenido no obstaculizará el fuero constitucional.
La máxima pena que se autoimponen los diputados, y ni siquiera por unanimidad sino por mayoría, es “la amonestación pública o privada, la suspensión de la dieta y la remoción temporal o definitiva de los cargos que desempeñen en Comités o Comisiones del Congreso”. ¡Ay! ¡Qué dolor!
Pero lo que más me sorprende es que los 318 diputados que votaron en favor de este nuevo Código de Ética (35 se abstuvieron, 26 votaron en contra y 121 simplemente no asistieron a la votación en el Pleno) hayan celebrado el fin de todas estas prácticas o piensen que con su expedición vayan a “crear personajes de vida ejemplar” (sic).
Bravo por el reconocimiento de que si la conducta de los diputados “no es ejemplar, seria, respetuosa, responsable, tolerante y honesta” se genera desconfianza. Los diputados son, junto con la policía, los funcionarios peor calificados. Pero pensar que en algo va a cambiar la conducta de los diputados un Código de Ética y, por tanto, el ciudadano comenzará a confiar en ellos es, cuando menos, ingenuo.
Si los diputados piensan que la emisión de un Código de Ética —a cuyos principios están obligados por ley de todos modos— va a hacer cambiar la pobre opinión que la ciudadanía tiene de ellos, están un poco confundidos. Además de un comportamiento ético de los legisladores, se espera que, como autoridades que son, ellos sean los primeros en cumplir la ley en lugar de escudarse en el fuero.
Lo que marcaría la diferencia es acabar con el régimen especial, del cual se han aprovechado para eludir la ley: desde estacionarse en doble fila, pasando por la colusión de intereses con los cabilderos, los moches, el enriquecimiento ilícito y hasta las ligas con el narcotráfico. La lista es larga, pero de memoria imborrable es la complicidad de los diputados para introducir a San Lázaro en la cajuela de un automóvil al diputado Julio César Godoy, perseguido por la ley para que pudiera rendir protesta y adquirir la impunidad de que gozan los legisladores cuando se presume que han cometido delitos.
Lo que marcaría la diferencia, por no hablar ya de sus obligaciones para defender los intereses de sus representados, es que por fin transparentaran los cuantiosos recursos de la partida subvención a grupos parlamentarios que, según la revisión de la Cuenta Pública 2014 recién publicada, alcanzó la cantidad de mil 869 millones de pesos para los diputados y de mil 307 millones para los senadores. Esta partida, que crece año con año y que es gastada con toda discrecionalidad por los jefes de las bancadas, recibe también, año con año, la misma observación de la Auditoría Superior de la Federación: “No se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados y, por tanto, no se contó con la información que le permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron en trabajos legislativos”. Observación que, hasta el momento, no ha tenido consecuencia alguna.
