Luis Carlos Ugalde.
El primero
es el reformismo sin prioridades: un gobierno que tire muchas flechas y solo
algunas den en el blanco. Hay prisa de López Obrador: todos los días hay
anuncios de proyectos y programas. Muchas son propuestas muy genéricas sin
estudios técnicos, sociales o financieros que los respalden. El reformismo del
nuevo gobierno no distingue que los gobiernos tienen recursos limitados: de
tiempo, de dinero y de apoyo social. Escoger las batallas es garantizar su
viabilidad. Abarcar mucho significa apretar poco.
El segundo
riesgo derivado del anterior es el desbalance presupuestario: no alcanza para
todo. ¿Cuánto del presupuesto actual podría emplearse para llevar a cabo los
proyectos propuestos por la nueva administración? Hay distintos cálculos.
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda comentan en privado que el margen
presupuestario para 2019 es de aproximadamente 50 o 60 mil millones de pesos. Integralia
Consultores estima que si se hace una reingeniería del presupuesto y se resiste
la enorme presión política y protesta social que se derivaría de reajustes de
gasto, este monto ascendería quizá a 100 o 120 mil millones de pesos en 2019
—después podría aumentar conforme el combate a la corrupción o las compras consolidadas
permitan un uso más eficiente del gasto.
El
presidente electo asegura que podría conseguir hasta 500 mil millones de pesos.
Sin embargo, esa cifra —inverosímil ahora— está todavía muy lejos de ayudarlo a
cumplir con todas sus promesas. Si se realiza una suma de los requerimientos de
todas las propuestas hechas hasta ahora, se necesitaría tener no menos de 800
mil millones de pesos disponibles para el año uno. Reitero: esa cantidad es la
suma de todos los proyectos y programas anunciados, incluidos la reducción del
IVA en la frontera (este último solamente significaría una pérdida de la
recaudación de 110 mil millones de pesos según el Centro de Información
Económica y Presupuestaria).
La falta de
recursos se puede afrontar si se depura la lista de programas o proyectos
anunciados, o bien, si su implementación es gradual. Sin embargo, siempre hay
la presión de dar respuesta a los votantes: si eso ocurriese —si hubiese
protesta o críticas de que el nuevo gobierno no está cumpliendo, podría darse
la tentación del endeudamiento o de nuevos impuestos.
El tercer
riesgo es la ruptura del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a una
república con división de poderes. El reformismo y la prisa por llevar a la
práctica la cuarta transformación pueden implicar avasallar la discusión en el
Congreso. Un Legislativo que quiera evaluar, debatir y someter las propuestas
del presidente al escrutinio, significa dilación. La impaciencia puede derivar
en un Congreso que rubrique iniciativas presidenciales sin el debate requerido.
Siempre podrá decirse que la oposición quiere impedir la cuarta transformación
y de esa forma justificar lo que antes los opositores al PRI llamaban el
“mayoriteo”.
El cuarto
riesgo es el centralismo. Éste es un riesgo, no sólo por el peligro que
representa para el pacto federal, sino también por la lentitud y obstáculos que
podría significar centralizar las compras de todo el gobierno federal en la
Secretaría de Hacienda, por ejemplo, o los gastos de comunicación social en la
oficina presidencial, o la coordinación de todos los delegados estatales en una
sola persona que trabajará en la oficina del presidente. El centralismo de
López Obrador es la desconfianza a las dilaciones del federalismo, a sus
propios pesos y contrapesos verticales. Quizá las medidas centralizadoras de
López Obrador son una manera de querer dar resultados rápidos a la población, o
bien, reflejo de su propia desconfianza al rol de los gobernadores de otros
partidos.
El nuevo
gobierno tiene enormes oportunidades de realizar una verdadera transformación.
Tiene la ventaja de que será un sexenio de siete años. El primero ya está
corriendo y concluirá el 30 de noviembre. López Obrador tomará protesta con una
mesa parcialmente puesta: varias reformas legislativas aprobadas que le
permitirán aterrizar con más rapidez su agenda de cambio. Muchos presidentes
pasan su primer año diseñando su programa y cabildeando con el Congreso los
cambios requeridos. Aquí no: la mayoría de Morena y la disposición del presidente
todavía en funciones ayudarán para que muchas reformas se realicen antes del 1
de diciembre.
Por eso el
principal riesgo de Lopez Obrador es que él mismo se ponga el pie y tropiece en
su afán de correr muy aprisa.
