Uno de los temas más destacados en la agenda pública actual es la propuesta de reforma al poder judicial presentada por el presidente de la república el pasado 5 de febrero. Esta iniciativa busca realizar varios cambios significativos en la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Entre las propuestas más importantes de la reforma, estan las siguientes:
- Reducción del Número de Ministros: Se propone reducir el número de ministras y ministros de la SCJN de 11 a 9.
- Duración en el Cargo: La reforma busca disminuir el periodo en el que los ministros permanecen en su cargo, pasando de 15 a 12 años.
- Eliminación de la Pensión Vitalicia: Se plantea eliminar la pensión vitalicia actualmente otorgada a los ministros de la SCJN.
- Elección por Voto Popular: Se propone que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos mediante voto popular. Este último punto ha generado la mayor controversia.
Los opositores a esta reforma, así como al gobierno de López Obrador, argumentan que el voto popular no garantiza la independencia ni la autonomía del poder judicial. Señalan que el verdadero propósito de la reforma es controlar el poder judicial, disminuyendo su capacidad para actuar de manera imparcial y autónoma.
Es importante reflexionar sobre el procedimiento actual, donde el reparto de cuotas en el Senado, controlado tradicionalmente por las cúpulas del PRI y PAN, ha sido el mecanismo para nombrar a los ministros de la SCJN. La mayoría de los ministros actuales han sido nombrados bajo este esquema. Se cuestiona cuántas veces la SCJN ha tomado decisiones que afecten medidas presidenciales en gobiernos emanados de estos partidos. Casos como la reforma educativa y la reforma energética, que contravenían la Constitución, no fueron declarados inconstitucionales por la SCJN en esos gobiernos.
Existen ejemplos internacionales de sistemas donde los funcionarios judiciales son elegidos por voto popular. En Bolivia, todos los funcionarios federales del poder judicial son electos mediante voto. En Suiza y Estados Unidos, esto ocurre a nivel local. En Japón, aunque los jueces son nombrados por el gobierno, cada 10 años se someten a un referéndum popular.
Una encuesta realizada por Latinobarómetro en 2023 mostró que el 67% de la ciudadanía en México tiene poca o nula confianza en el poder judicial. Esta falta de confianza, compartida por casi siete de cada diez personas, subraya la necesidad de una reforma en el sistema judicial.
La reforma al poder judicial propuesta por el presidente busca cambios profundos en la SCJN. Aunque ha generado controversia, especialmente en torno a la elección por voto popular de los funcionarios judiciales, también refleja una necesidad percibida de mejorar la confianza pública en el sistema judicial. Es esencial que, además de escuchar a la oposición, se informe y escuche a la ciudadanía, asegurando que las opiniones del pueblo sean acatadas por sus representante.
