Claroscuro, por: María Amparo Casar, Nexos.
(La retórica presidencial de
querer acreditar que él es un político distinto a los que sustituye en la
actual gestión, su discurso que llega al extremo de decirse ofendido por los
comparativos da pie a pensar de que el titular del Ejecutivo enmascara su verdadera
personalidad. Él actúa como han actuado sus sucesores en el siglo pasado,
guiándose por ese culto a la personalidad presidencial que tantos años llevó
combatir y que había dado resultados, quizá muy exiguos pero reales. En este
artículo María Amparo Casar detalla lo que pareciera ser una treta de bribones.
Francisco López Vargas)
“No somos iguales a los anteriores. No somos lo mismo”.
Es una de las frases de colección del presidente López Obrador desde que llegó
al cargo.
Lo dijo cuando el Instituto Nacional Electoral (INE)
pidió que se aclararan los actos de promoción personalizada y el uso indebido
de recursos públicos en el levantamiento del Censo del Bienestar y entrega de
beneficios de programas sociales: “Vámonos respetando, no somos iguales, que no
me confundan porque eso sí calienta”.
Lo dijo también cuando se le cuestionó por el caso de la
ampliación del mandato del gobernador de Baja California: “Ya no hay
influyentismo, el presidente no se mete en estos asunto como antes … no nos
confundan porque no somos iguales”.
Lo volvió a decir cuando la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) decidió mandar a reserva por cinco años la información sobre
el proyecto de Santa Lucía: “No somos iguales a los conservadores”.
Lo repitió cuando en la Ley de Austeridad Republicana se
aprobó un artículo que daba amplios poderes para gastar discrecionalmente y por
decreto del Ejecutivo los ahorros que resultaran de la aplicación de la ley:
“Se acaba de autorizar la ley de austeridad y están inconformes y están diciendo
que se va a manejar de manera discrecional por el presidente y eso es
equivalente a la partida secreta que manejaba Carlos Salinas, les diría yo
[que] no me comparen, respeto, por favor”.
En todos estos casos las cosas sí han sido iguales. Hay
evidencia gráfica y documental de que bien entrado el 2019, los Servidores de
la Nación portaban chalecos con su fotografía y la leyenda AMLO-Presidente. Su
silencio respecto al caso de la ampliación de dos a cinco años del hoy
gobernador de Baja California fue ampliamente comentado y posteriormente
convalidado con la presencia de la secretaria de Gobernación en el acto en el
que se arropaba lo que ella misma —en su calidad de ministra en retiro— había
llamado inconstitucional. Consta en documentos del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)
que se “confirma y declara formalmente como información reservada la totalidad
de la información relacionada con el proyecto de construcción de un aeropuerto
mixto militar/civil de capacidad internacional, en la Base Aérea Militar de
Santa Lucía…”. Cualquiera puede revisar el artículo 61 de la Ley de Austeridad
Republicana que establece: “… dichos ahorros se destinarán a los programas
previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto
determine el titular”.
Estas son algunas de las ocasiones en que ha repetido la
frase de “no somos iguales” y que revelan que siguen persistiendo muchos de los
vicios tradicionales de la política mexicana. Esos que todos los candidatos
critican y prometen erradicar, pero que cuando llegan al poder se resisten a
abandonar porque descubren que son muy útiles a la hora de gobernar y porque no
hay quien les ponga un alto.
Un año de gobierno permite revelar otras muchas prácticas
que, aunque hoy quieran justificarse en aras de un bien mayor, del interés del
pueblo o de que “las circunstancias son distintas”, hermanan al gobierno actual
con los anteriores en muchas de las formas del ejercicio del poder.
Como todos los anteriores, este gobierno reinventa los
programas sociales para ponerles su sello personal. Si cabe la situación ahora
es peor porque antes se registraba una cierta continuidad en programas para
aliviar la pobreza o crear oportunidades —en ocasiones con cambio de nombre—
que recibían el aval del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) por sus efectos positivos sobre la población
objetivo y ahora hasta estos son cancelados.
Las prácticas clientelares muestran una continuidad
respecto a sexenios anteriores cuando no una nueva intensidad. Cada uno de los
programas sociales ha sido inaugurado con una ceremonia de entrega en la que el
presidente de la república aparece concediendo el beneficio a un conjunto de
personas representativo del sector de la población al que va dirigido el
recurso.
A pesar de las fuertes críticas al llamado Fondo Moches
(ramo 23) y de que en los lineamientos de austeridad y lucha contra la
corrupción se estableció que desaparecerían las partidas entregadas a los
diputados y al gobierno federal para ser utilizadas de manera discrecional,
éstas persisten. El presupuesto 2019 se programó en ceros para siete de los
diez fondos del ramo 23. Sin embargo el 3.er informe trimestral de
Hacienda revela que el fondo de capitalidad (Ciudad de México) recibió un
presupuesto de 2587 millones de pesos (mdp; Ricardo Alvarado, Ramo 23: de la
discreción al abuso, México, 2019).
A pesar de la promesa de que no habría más contratos por
adjudicación directa o, como se corrigió posteriormente, solamente cuando lo
ameritara una emergencia, la mayoría de ellos se sigue entregando por ese
método. Al 1.º de noviembre, el gobierno de López Obrador había roto el récord
de adjudicaciones directas y superó a todos los anteriores: el 78.3 % de los
contratos se asignaron por adjudicación directa contra sólo el 14 % por
licitación pública.
Igual discrecionalidad ronda en el “reacomodo
presupuestal”. Todos los presidentes han utilizado la bien consabida maña de,
una vez aprobado el presupuesto, cambiar el destino de los recursos haciendo
reajustes. La marca se la llevó, según documenta Leonardo Núñez en ¿Y dónde
quedó la bolita? (Penguin Random House, 2017), Peña Nieto en el 2016 con
una reasignación igual al 15 % de los recursos aprobados. En lo que va de 2019,
el gobierno federal ha cambiado ya el 10 % del presupuesto con respecto a lo
originalmente aprobado. Esta cifra es equivalente a 1.1 billones de pesos.
Otra de las costumbres de los gobiernos del PRI y del PAN
era la de obviar las reglas de operación de los programas de subsidios. La
ausencia de éstas incrementa los riesgos de corrupción e ineficiencia. Pues
bien, en el Paquete Presupuestal 2020, “decepciona que la gran mayoría del
gasto en programas de subsidios sea para programas sin reglas de operación
(ROP) (64 %), y únicamente 36 % para programas sujetos a ROP. En 2020 se
propone gastar 402 000 mdp en programas de subsidios sin ROP. Es decir, 45 % de
los recursos que tiene el gobierno, después de hacer sus pagos obligatorios, se
va a ir a programas que no están obligados a regular su diseño, mientras que en
2019 fue de 40 %” (Ausencia de Reglas de Operación: mala práctica de manual,
México Evalúa, 2019).
La publicidad pagada por el gobierno federal que, en
efecto se ha reducido a la mitad, sigue repartiéndose a voluntad del Ejecutivo.
En el Pacto por México de Peña Nieto se adquirió el compromiso de elaborar
criterios y reglas para la distribución de la publicidad gubernamental. La
promesa no se cumplió. A un año de gobierno de la presente administración
tampoco. La práctica perdura. Para muestra un botón: todos los contratos de la
Lotería Nacional han ido a un solo medio de comunicación.
Información es poder. La transparencia, de la que se ha
hecho tanta ostentación, deja mucho que desear al igual que en las
administraciones precedentes. No sólo se clasificó la información del Plan de
Negocios 2019-2013 de Pemex referente a grandes proyectos y oportunidades de
negocios o la de las licencias, constancias, uso de suelo, autorizaciones,
permisos, registros y estudios de impacto ambiental de la refinería Dos Bocas,
sino que, de acuerdo con datos del Inai, en el nuevo gobierno ha aumentado
hasta tres veces el rechazo de solicitudes de información pública por parte de
las instituciones. El índice de recurrencia de negación a solicitudes de
información pública ha crecido del 3.4 % en el sexenio pasado al 15 % (Inai).
Se afirma que el gobierno actual ha cambiado la
estrategia de seguridad, pero al mismo tiempo se informa que esta práctica
sigue vivita y coleando. No se trata sólo del operativo fallido de Culiacán,
sino de la cifra entregada por el propio gobierno de que en lo que va del
sexenio se ha perseguido y atrapado a 63 cabecillas del crimen organizado.
En materia de justicia sigue también el mismo hábito de
liberar a los detenidos por violaciones al debido proceso, por expedientes mal
integrados o por corrupción en el poder judicial. Al igual que el expresidente
Calderón, el actual se queja de que él detiene a los delincuentes, pero los
jueces los sueltan.
Mucho se habla de que la Fiscalía es autónoma y que debe
terminarse con la costumbre del fiscal carnal no sólo a nivel federal, sino en
los estados, pero ante el inminente nombramiento de la fiscalía de Ciudad de México
el propio presidente afirma que: “Y si se dice, como es, la fiscal carnal, está
muy bien dicho eso porque son compañeras. Yo también: es mi fiscal carnal
porque somos compañeros del mismo equipo, hemos luchado durante mucho tiempo y
para mí es un orgullo que esté Claudia Sheinbaum de jefa de Gobierno, es un
timbre de orgullo, y también Ernestina Godoy”. Y, al ser cuestionado porque eso
sucedía en el pasado y Peña Nieto intentó dejar a su procurador como fiscal,
agrega que le parece desproporcionada la comparación y que “ahora son
situaciones distintas”.
Todos los gobiernos anteriores han intentado, con
bastante éxito, capturar o partidizar los consejos, organismos autónomos,
órganos reguladores, poderes, etcétera, con el fin de tener más influencia sobre
sus decisiones. Esta modalidad persiste de manera agravada gracias al control
del poder legislativo por Morena.
De ministros de la Suprema Corte de Justicia a la
Fiscalía General de la República, de la Comisión Reguladora de Energía a la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, del desaparecido Instituto Nacional de
Evaluación de la Educación (ahora Centro para la Mejora Continua de la
Educación) al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social. Otro nombramiento afín gracias a la mayoría del partido del presidente
en la Cámara de Diputados fue el del titular del órgano interno de control del
INE (abril 2019) y, también, el de la presidenta de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (7 de noviembre). Este último nombramiento se da dos días
después de que el presidente López Obrador afirmara en la conferencia matutina
que los titulares no tendrían por qué ser profesionales de los derechos
humanos: “Prefiero más a la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne
propia violaciones de derechos humanos; entregarles a ellos la encomienda
porque los que han estado ahí, con todo respeto, que vienen de los institutos
jurídicos y currículums, maestrías, seminarios y cuántos años así que se ha
hecho”. Y vienen las designaciones de cuatro integrantes del Consejo de la
Judicatura este mismo año, más cuatro consejeros del INE, un comisionado de la
Comisión Federal de Competencia Económica, uno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, uno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales y uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
en el 2020.
Estas son algunas de las continuidades más evidentes que
no se avienen bien a la idea de un cambio de régimen y, aunque incomode, todas
están documentadas. A ellas habría que agregar los mismos usos y costumbres en
el partido-movimiento que llevó a López Obrador al poder y cuyo comportamiento
está lejos de romper con la tradición política mexicana: padrones adulterados,
elecciones internas amañadas, disciplina frente a la línea presidencial o
dedazos en designaciones. Todo comenzó con el nombramiento del líder de la
bancada de Morena en el Senado con quien según las propias palabras de López
Obrador había adquirido un compromiso político que tenía que cumplir más
no una instrucción.
