La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que ponga fin al régimen de excepción implementado en el país desde marzo de 2022. Según la CIDH, esta medida, que ha sido prorrogada múltiples veces, ha resultado en la suspensión de derechos constitucionales y ha generado graves violaciones de los derechos humanos.
El régimen de excepción fue instaurado por el gobierno de Bukele como respuesta a un aumento en la violencia relacionada con pandillas. Bajo este régimen, más de 73,000 personas han sido arrestadas, muchas de ellas acusadas de tener vínculos con pandillas. Sin embargo, la CIDH critica las detenciones masivas y arbitrarias, así como las condiciones deplorables en las que se encuentran los reclusos, indicando que al menos 21 personas han muerto bajo custodia debido a torturas o falta de atención médica adecuada.
La CIDH ha expresado preocupación por la extensión del régimen de excepción, argumentando que la suspensión de derechos no es una solución sostenible para enfrentar la criminalidad. En su informe, la Comisión también señala la necesidad de garantizar el debido proceso legal y mejorar las condiciones en las cárceles, incluyendo la reducción del hacinamiento y la provisión de atención médica y visitas familiares,
Ante estas críticas, el gobierno de El Salvador ha defendido la continuidad del régimen, afirmando que ha permitido una reducción significativa en los índices de criminalidad. Sin embargo, la CIDH insta a las autoridades salvadoreñas a adoptar medidas alternativas para combatir el crimen, que no impliquen la violación de los derechos fundamentales.
