Ante la reciente aprobación de la reforma judicial, trabajadores del Poder Judicial de México han comenzado una serie de acciones de resistencia en protesta contra los cambios propuestos. Estas medidas incluyen movilizaciones y protestas públicas, con el objetivo de expresar su desacuerdo con la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los trabajadores consideran que los cambios afectan la autonomía y estabilidad del Poder Judicial, poniendo en riesgo derechos laborales y el equilibrio de poderes en el país.
El descontento entre los trabajadores judiciales ha ido en aumento desde que la reforma fue aprobada por el Senado. Estos empleados consideran que la reforma podría afectar negativamente las condiciones laborales, así como la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo. Las primeras acciones de resistencia incluyen plantones y manifestaciones pacíficas en varias ciudades del país. Los organizadores también están promoviendo una serie de foros para discutir las implicaciones de la reforma.
El movimiento, que se ha gestado entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados del Poder Judicial, tiene como objetivo no solo proteger sus derechos laborales, sino también hacer un llamado a la sociedad sobre lo que consideran una concentración excesiva de poder en manos del Ejecutivo. Los trabajadores buscan que se revise la reforma y que se garantice la plena autonomía de los jueces y magistrados.
La reforma judicial aprobada en el Congreso incluye cambios significativos, como la elección de jueces por voto popular, una medida que ha sido duramente criticada por miembros del Poder Judicial y por analistas legales. Argumentan que este tipo de cambios debilitan la independencia del Poder Judicial, exponiéndolo a influencias políticas y socavando el equilibrio entre los tres poderes del Estado.
El gobierno de López Obrador ha defendido la reforma como un esfuerzo para democratizar el sistema judicial y combatir la corrupción. Sin embargo, la comunidad judicial y varios sectores de la oposición ven en estos cambios una amenaza a la estabilidad institucional. Las próximas semanas serán cruciales para determinar hasta qué punto las protestas de los trabajadores judiciales lograrán influir en el curso de la implementación de la reforma.
