La reciente reforma judicial en México, que contempla la elección de jueces mediante voto popular, ha generado un amplio debate en el país. Federico Berrueto, analista y experto en temas judiciales, compartió sus perspectivas sobre esta reforma y sus posibles implicaciones en una entrevista reciente en La Revista Peninsular. Desde su punto de vista, esta propuesta presenta múltiples retos, especialmente en el ámbito federal, donde el sistema electoral no está diseñado para elegir a individuos en cargos judiciales. La idea de que el voto popular determine quiénes serán los jueces plantea cuestiones serias sobre la imparcialidad e independencia de la justicia, dos valores esenciales en cualquier sistema judicial efectivo.
Berrueto explicó que, en general, los sistemas electorales están orientados a elegir representantes de partidos políticos y no a individuos que no pertenecen a agrupaciones partidistas, como es el caso de los jueces. La estructura electoral en México y en la mayoría de los países sigue una lógica partidista, lo que complica la aplicación de elecciones populares para los jueces, quienes deben actuar con independencia de cualquier grupo o presión social. Incluso en el sistema estadounidense, donde en algunos casos se eligen jueces, estos no toman decisiones finales sin la intervención de un jurado, lo cual diluye la posibilidad de influencias externas. Además, el caso de Bolivia, donde se implementó este modelo, es frecuentemente citado como un ejemplo de los riesgos y problemas que pueden surgir, pues la experiencia boliviana ha evidenciado que la elección popular de jueces puede erosionar la independencia del poder judicial y afectar la calidad de la justicia.
En el contexto mexicano, la reforma se ha decidido ya, y ahora el reto está en implementarla de la mejor manera posible. Berrueto señaló que, en el ámbito federal, es difícil prever cómo podría lograrse esto de forma efectiva, ya que el sistema de justicia federal enfrenta obstáculos significativos en términos de organización y transparencia en el proceso de elección. No obstante, en el ámbito local, y particularmente en el estado de Yucatán, existen mejores condiciones para diseñar una reforma judicial que promueva una elección más cercana y efectiva. Según Berrueto, en las comunidades locales hay una mayor posibilidad de que los ciudadanos conozcan a los candidatos y puedan evaluar mejor sus capacidades y trayectoria. Esta cercanía permitiría un voto más informado y, en consecuencia, una selección de jueces que responda mejor a las necesidades de la sociedad.
Berrueto planteó que, en Yucatán, podría lograrse una reforma judicial virtuosa si el gobernador asume el liderazgo de este proceso, promoviendo una convocatoria amplia que incluya a representantes del poder judicial, abogados, notarios, académicos y otros expertos en el área. Esta integración de perspectivas permitiría diseñar un sistema de elección que sea transparente, respetuoso de la independencia judicial y acorde con las expectativas de la sociedad. Aunque no se espera alcanzar un consenso absoluto, Berrueto destacó la importancia de escuchar a todas las voces y crear un diseño que mejore el sistema actual en lugar de introducir mayores complicaciones. La reforma judicial local en Yucatán tiene hasta el año 2027 para implementarse, lo cual ofrece el tiempo suficiente para realizar un proceso ordenado y bien pensado.
En conclusión, aunque la elección de jueces por voto popular presenta retos considerables, especialmente en el ámbito federal, el contexto local ofrece una oportunidad para desarrollar un sistema que respete los principios de imparcialidad e independencia judicial. La posibilidad de crear una reforma judicial que fortalezca la justicia en Yucatán está al alcance, siempre y cuando se fomente un proceso inclusivo y se mantenga la visión de proteger la integridad del sistema judicial para el beneficio de la sociedad en general.
