La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha denunciado el asedio a la Embajada de Argentina en Caracas, donde seis opositores venezolanos se encuentran asilados desde marzo. Según la OEA, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado fuerzas de seguridad alrededor de la sede diplomática, incluyendo la presencia de un francotirador, lo que constituye una “flagrante violación” de las garantías de seguridad establecidas en convenios internacionales.
La Secretaría General de la OEA condenó estas acciones, señalando que “la presencia intimidatoria de personal armado, los cortes de energía eléctrica y agua corriente, así como la interrupción del ingreso de alimentos y agua, representan un peligro inminente para la vida e integridad de los asilados”.
Por su parte, el gobierno argentino ha exigido al régimen de Maduro la entrega inmediata de salvoconductos que permitan la salida segura de los seis opositores refugiados en su embajada. La Cancillería argentina expresó su “máxima preocupación ante la alarmante y grave situación” y solicitó a la ONU y a la OEA que adopten “medidas firmes y urgentes” para garantizar la seguridad de los asilados.
Entre los asilados se encuentran colaboradores cercanos de la líder opositora María Corina Machado, como su jefa de campaña, Magalli Meda, y el coordinador internacional de Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu. Desde su refugio en la embajada, han denunciado constantes actos de hostigamiento, incluyendo cortes de servicios básicos y vigilancia permanente por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.
La comunidad internacional ha reaccionado ante esta situación. Estados Unidos condenó “enérgicamente los actos de hostigamiento” y exigió al régimen venezolano que respete sus obligaciones internacionales y garantice salvoconductos seguros para los asilados.
Asimismo, políticos y activistas de derechos humanos han solicitado el cese del asedio, calificando la embajada como “una cárcel” que el régimen pretende convertir en “un centro de torturas”.
La situación en la Embajada de Argentina en Caracas continúa generando preocupación a nivel internacional, mientras se espera que el gobierno venezolano cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice la seguridad y derechos de los asilados
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