El fiscal especial Jack Smith ha publicado un informe de 137 páginas en el que concluye que existían pruebas suficientes para condenar al presidente electo Donald Trump por sus intentos de subvertir los resultados de las elecciones de 2020. Sin embargo, tras la victoria de Trump en las elecciones de noviembre de 2024, el caso fue desestimado, ya que la Constitución de Estados Unidos prohíbe procesar a un presidente en funciones.
El informe detalla cómo Trump presionó a funcionarios estatales y al entonces vicepresidente Mike Pence para alterar los resultados electorales, promovió la presentación de electores fraudulentos y fomentó el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. A pesar de ser informado por altos funcionarios de que no había evidencia de fraude electoral, Trump continuó difundiendo afirmaciones falsas sobre irregularidades en las elecciones.
En respuesta al informe, Trump calificó al fiscal Smith de “descerebrado” y desestimó las conclusiones como políticamente motivadas. Además, Trump sigue siendo el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito penal relacionado con pagos ilegales en 2016.
Tras la publicación del informe, Jack Smith presentó su renuncia al Departamento de Justicia para evitar ser destituido por Trump una vez que asuma la presidencia. El informe fue divulgado por el fiscal general saliente, Merrick Garland, con el objetivo de garantizar la transparencia pública.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la capacidad del sistema judicial estadounidense para responsabilizar a un presidente en funciones y ha puesto de relieve las limitaciones constitucionales para procesar a un mandatario en ejercicio.
