La inhabilitación del expresidente Evo Morales para las elecciones generales del 17 de agosto de 2025 ha desencadenado una serie de protestas violentas en Bolivia, evidenciando una profunda crisis política y social en el país.
El 14 de mayo de 2025, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 007/2025, declarando inconstitucional la reelección continua y discontinua, y reafirmando que ningún ciudadano puede ejercer más de dos mandatos presidenciales, ya sean consecutivos o no. Esta decisión se basa en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, y en el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el cual la mayoría de los votantes rechazó la reforma que permitiría la reelección indefinida.
En respuesta al fallo, seguidores de Morales iniciaron una marcha desde el Trópico de Cochabamba hacia La Paz el 15 de mayo. El 16 de mayo, al llegar a la capital, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden cerca del Tribunal Supremo Electoral. La policía utilizó gases lacrimógenos y balines de goma para dispersar a los manifestantes, quienes lanzaron piedras y petardos. El comandante de la Policía, Juan Russo, declaró:
“Esta marcha no es pacífica… están usando petardos, piedras que dañan la integridad de la policía, y también hubo una agresión a la prensa. Eso no lo vamos a permitir.”
Durante los disturbios, se reportaron varios heridos, incluyendo a dos oficiales de policía, un periodista y un comerciante local. Además, se detuvo al dirigente socialista Ponciano Santos, acusado de sedición por bloqueos anteriores en Cochabamba. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció la detención en redes sociales, afirmando:
“Bolivia necesita orden, y es lo que vamos a darle.”
Las protestas también afectaron la libertad de prensa. Periodistas nacionales e internacionales fueron agredidos durante la cobertura de las manifestaciones. Ariel Ramírez, de Cadena A, sufrió una contusión en la cabeza, y la Asociación de Corresponsales de Prensa Internacional reportó que tres periodistas extranjeros fueron atacados, uno de ellos con gas pimienta por parte de la policía.
Los bloqueos de carreteras, especialmente en Cochabamba, han interrumpido el transporte y afectado la economía local. Empresas de transporte han suspendido servicios hacia Santa Cruz y otras regiones debido a los bloqueos en puntos clave como Ivirgarzama y Entre Ríos.
Evo Morales, quien inicialmente prometió unirse a la marcha, no estuvo presente, posiblemente por temor a ser arrestado debido a una orden de detención relacionada con cargos de trata de personas. El ministro del Castillo instó a Morales a entregarse voluntariamente, advirtiendo que sería arrestado si se le encontraba en la vía pública.
La situación ha exacerbado las tensiones dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido fundado por Morales y actualmente liderado por el presidente Luis Arce. Arce ha declarado que no buscará la reelección y ha respaldado la decisión del TCP, mientras que Morales y sus seguidores consideran el fallo como una maniobra política para impedir su candidatura.
El Comité Cívico Pro-Santa Cruz ha exigido al gobierno que haga cumplir la Constitución y criticó las acciones de los manifestantes. Stello Cochamanidis, presidente del comité, expresó:
“Del MAS se puede esperar todo; esto es distractivo. Han dejado que entren estos delincuentes, que pretenden promocionar para presidente a otro delincuente como Evo Morales, cuando ya la Constitución ha dicho no.”
La comunidad internacional observa con preocupación la escalada de violencia y la polarización política en Bolivia, mientras el país se prepara para unas elecciones generales marcadas por la incertidumbre y la división.
