Desde el domingo 13 de julio, vecinos de Nuevo Progreso y San Antonio Cárdenas, en Atasta, Campeche, han mantenido un bloqueo en la carretera federal 180 (Nuevo Campechito–Puerto Rico), que ya supera las 80 horas. La protesta tiene como objetivo presionar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que instale de manera inmediata una nueva subestación eléctrica, indispensable para mejorar el suministro en la región.
Como parte del bloqueo, los manifestantes han comenzado a cobrar un “derecho de paso” que oscila entre los 350 y 700 pesos por vehículo, dependiendo del tipo de unidad. Esta medida ha generado molestia entre automovilistas y transportistas, quienes, aunque reconocen la legitimidad de la demanda, califican la acción como un acto de abuso.
Ante la creciente tensión y la falta de acuerdos, la Secretaría de Seguridad Pública ha desplegado elementos antimotines para garantizar el paso de los vehículos. Hasta ahora no se han registrado enfrentamientos, aunque la situación continúa siendo delicada.
El cierre de esta importante vía ha causado un severo impacto en la movilidad regional. Los transportistas y comercios han sido los más afectados, con productos —muchos de ellos perecederos— varados por horas, y rutas alternas, como Champotón–Escárcega–Villahermosa, congestionadas debido al desvío masivo de unidades.
Los pobladores han dejado en claro que no retirarán el bloqueo hasta recibir un compromiso formal por escrito por parte de la CFE. Además, solicitan la intervención directa de la gobernadora Layda Sansores, a quien acusan de no cumplir las promesas hechas anteriormente sobre la mejora del sistema eléctrico en la región.
El conflicto, que ya ha superado las 80 horas, refleja el hartazgo de las comunidades afectadas por constantes apagones y deficiencias en el servicio eléctrico. La situación exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades federales y estatales para evitar mayores afectaciones económicas y sociales en la región.
