Las inconformidades por servicios médicos en Yucatán registraron un incremento, principalmente por retrasos en la atención, fallas en procedimientos y deficiencias relacionadas con la prestación de servicios de salud. De acuerdo con información difundida sobre la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán, Codamedy atendió 292 querellas, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social concentró la mayoría de las gestiones inmediatas reportadas.
Los casos expuestos ante la Codamedy reflejan la preocupación de usuarios que buscan una solución ante presuntas irregularidades en la atención médica. Entre los sectores más afectados se encuentran adultos mayores y mujeres, quienes figuran entre los principales grupos que recurrieron a este mecanismo para solicitar orientación, gestión o seguimiento a sus inconformidades.
La Codamedy tiene como objetivo atender conflictos derivados del acto médico mediante métodos alternativos de solución, con el propósito de favorecer el acceso a la justicia y contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en Yucatán. En informes oficiales, el programa ha sido descrito como una vía para resolver inconformidades relacionadas con la prestación de servicios médicos en el estado.
Además de las quejas formales, la comisión también brinda asesorías especializadas y gestiones inmediatas, mecanismos que permiten canalizar o atender situaciones antes de que escalen a procedimientos más amplios. En reportes recientes del Gobierno del Estado se documentó la atención de asuntos relacionados con asesorías, gestiones inmediatas y quejas, con participación de mujeres y hombres de distintos rangos de edad y municipios como Mérida, Motul, Tizimín y Valladolid.
El aumento de reportes pone de relieve la necesidad de fortalecer la calidad, oportunidad y seguimiento en los servicios médicos, así como de mantener canales accesibles para que la ciudadanía pueda presentar inconformidades cuando considere que hubo retrasos, omisiones o fallas en su atención. No se incluyen citas textuales de personas, debido a que la información disponible no muestra declaraciones directas atribuibles a funcionarios, pacientes o representantes institucionales.
