Un tribunal de Corea del Sur condenó a 25 años de prisión al exministro de Justicia Park Sung-jae por su participación en el intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, episodio que provocó una de las crisis políticas más graves en la historia reciente del país asiático.
La sentencia fue dictada este lunes por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que consideró probado que Park tuvo un papel relevante en las acciones impulsadas por el entonces presidente Yoon Suk Yeol, quien declaró la ley marcial el 3 de diciembre de 2024. La medida fue revertida horas después, luego de que legisladores lograran reunirse en la Asamblea Nacional y votaran en contra del decreto.
De acuerdo con el fallo, el exministro de Justicia no solo habría acompañado políticamente la decisión del expresidente, sino que también habría girado instrucciones a funcionarios de su dependencia para preparar medidas relacionadas con posibles detenciones, restricciones migratorias e investigaciones contra opositores políticos. Entre los señalamientos se incluyó la revisión de espacios disponibles en centros penitenciarios, así como la posibilidad de enviar fiscales a una estructura vinculada al mando de la ley marcial.
El caso forma parte de una serie de procesos judiciales derivados de la fallida declaración de ley marcial, la cual terminó por acelerar la caída política de Yoon Suk Yeol. El exmandatario fue suspendido de sus funciones tras un juicio político en diciembre de 2024 y posteriormente removido del cargo por el Tribunal Constitucional en abril de 2025.
La condena contra Park Sung-jae representa otro golpe judicial para el antiguo círculo de poder de Yoon, cuyos principales colaboradores han enfrentado severas sanciones por su participación en los hechos. La justicia surcoreana ha señalado que el intento de ley marcial no fue un simple error político, sino una amenaza directa contra el orden constitucional y el funcionamiento democrático del país.
Durante el proceso, Park negó haber actuado con intención ilegal y sostuvo que sus acciones correspondían a funciones propias de su cargo durante una situación de emergencia nacional. Sin embargo, el tribunal concluyó que su intervención fue clave para preparar la ejecución de la medida y que, en lugar de defender la Constitución, contribuyó a una operación destinada a concentrar el poder en manos del entonces presidente.
La fallida ley marcial duró apenas unas horas, pero dejó consecuencias políticas y judiciales profundas. La rápida reacción del Parlamento, que consiguió anular el decreto pese a la presencia de fuerzas militares en los alrededores de la Asamblea Nacional, fue considerada un momento decisivo para frenar la medida y preservar el orden institucional.
Con esta nueva sentencia, Corea del Sur avanza en el proceso de rendición de cuentas contra los funcionarios involucrados en la crisis de 2024. El caso también mantiene abierto el debate sobre los límites del poder presidencial, la responsabilidad de los ministros ante decisiones anticonstitucionales y la fortaleza de las instituciones democráticas frente a intentos de concentración autoritaria.
