El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 11 de agosto de 2025 la federalización del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington, D.C., amparado en la sección 740 de la Ley de Gobierno Propio del Distrito de Columbia, una maniobra sin precedentes. Según su versión, respondía “a una emergencia de seguridad pública” ante una supuesta ola de criminalidad descontrolada. No obstante, datos oficiales muestran que los índices de violencia en la ciudad estaban en su nivel más bajo en tres décadas.
El gobierno federal desplegó unas 800 tropas de la Guardia Nacional —procedentes de varios estados gobernados por republicanos— con entre 100 y 200 en servicio activo en las calles de la capital. Además, agentes de diversas agencias federales, como el FBI, la DEA, ATF e ICE, comenzaron a patrullar bajo la dirección de la Policía del Parque de EE.UU.
El 21 de agosto, Trump anunció que planeaba patrullar personalmente las calles de Washington junto con la policía y el Ejército. También manifestó su intención de transformar la ciudad, prometiendo que llegaría a ser “absolutamente perfecta” y comparando el mantenimiento de sus parques con los campos de golf que administra. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, además ordenó que las tropas de la Guardia Nacional en la ciudad comenzaran a portar armas de fuego.
Desde el Distrito, la alcaldesa Muriel Bowser calificó el despliegue como “inquietante y sin precedentes”, y defendió que el MPD sigue bajo su jurisdicción pese a la influencia federal. El fiscal general de D.C., Brian Schwalb, presentó una demanda argumentando que la imposición de un comisionado policial de emergencia viola la autonomía local establecida por la Ley de Gobierno Propio.
Este episodio ha agenciado profundas divisiones. Algunos sindicatos policiales respaldaron la iniciativa como una medida necesaria ante un crimen fuera de control. En contraste, líderes demócratas y organizaciones de derechos civiles denunciaron la intervención como una “sobreextensión autoritaria” motivada políticamente, en lugar de una respuesta auténtica a la seguridad pública. Además, fueron convocadas protestas en distintos sectores de la ciudad en rechazo a la militarización de funciones civiles.
