En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, demandó la apertura de procesos judiciales contra funcionarios estadounidenses —incluido el expresidente Donald Trump— en respuesta a recientes bombardeos marítimos dirigidos presuntamente contra embarcaciones implicadas en el narcotráfico.
Petro sostuvo que “los misiles en el Caribe fueron usados para detener el narcotráfico. Eso es una mentira expuesta ante este mismo atril”, rechazando así públicamente la versión oficial del Gobierno de EE. UU. que justificaba estas acciones como medidas necesarias para interceptar rutas de droga.
El mandatario colombiano denunció que, incluso si las embarcaciones transportaban estupefacientes, sus ocupantes “no eran narcotraficantes; eran simplemente jóvenes pobres de América Latina que no tenían otra opción”. Con esta aseveración, Petro cuestionó la legitimidad moral y legal de dichos ataques, apelando al argumento de una agresión hacia población vulnerable.
Además, insistió en que esas acciones militares no representan la estrategia adecuada para enfrentar el narcotráfico: atacar barcos con jóvenes desarmados, según él, equivale a “asesinato” y favorece únicamente la espectacularidad frente a la eficacia política. Petro puntualizó que el combate al narcotráfico debe sustentarse en la inteligencia, la cooperación internacional y el fortalecimiento institucional, más que en bombardeos unilaterales.
Desde la Casa Blanca, el Gobierno de Trump ha defendido que los bombardeos eran compatibles con la ley del conflicto armado y necesarios para proteger intereses estadounidenses. Sin embargo, hasta ahora no ha publicado pruebas concluyentes que acrediten las acusaciones que los motivaron.
El choque diplomático se produce en un contexto ya de por sí tenso: hace poco, el Gobierno de Trump decidió descertificar a Colombia como país aliado en la lucha contra las drogas. Aunque esta medida fue acompañada de una exención para mantener la cooperación, se interpretó como un gesto simbólico de desaprobación hacia la política antidrogas del presidente Petro.
La disputa abre interrogantes sobre los límites del poder militar frente a la soberanía de los Estados, la legitimidad de las intervenciones unilaterales y la estrategia internacional para enfrentar el narcotráfico. En la tribuna de la ONU, Colombia expuso ante el mundo un pulso diplomático y jurídico contra el intervencionismo, con consecuencias que podrían redefinir las relaciones entre Bogotá y Washington en el terreno antinarcótico.
