Las recientes manifestaciones en el estado de Michoacán, México, marcaron un punto de inflexión en la estrategia gubernamental frente a la violencia y el crimen organizado. El detonante fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien fue atacado mientras participaba en una festividad pública en la ciudad.
La muerte de Manzo alimentó protestas intensas durante dos días, en tanto que manifestantes se plantaron frente al edificio gubernamental de Morelia, la capital estatal, y gritaron consignas como «¡Manzo no murió, lo mató el Estado!». Las autoridades federales, por su parte, informaron que el edil contaba con protección desde diciembre de 2024 y que se reforzó su seguridad en mayo, lo que no impidió el ataque.
En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el denominado “Plan Michoacán para la Paz y la Justicia”, que contempla el despliegue adicional de tropas de la Guardia Nacional, mayor presencia de agentes federales en la entidad, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía estatal para investigar delitos de alto impacto.
Sheinbaum subrayó que “la única manera de construir paz y seguridad es la justicia”, y rechazó el retorno a una estrategia militarizada basada en la guerra contra las drogas. Por su parte, en el ámbito legislativo, la oposición manifestó que la muerte del alcalde expone una estrategia de seguridad que carece de recursos suficientes, cuando se discute el presupuesto federal de 10.2 billones de pesos.
El ambiente después del asesinato del edil expone una crisis de seguridad acumulada en Michoacán, donde los homicidios de autoridades municipales ya comienzan a repetirse. La movilización ciudadana exige respuestas inmediatas y efectivas, mientras el gobierno federal apuesta por un enfoque integral que combina acción policial, justicia y desarrollo social.
