La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) de Quintana Roo ha reforzado sus acciones para clausurar proyectos inmobiliarios que operaban sin cumplir la normatividad correspondiente. La dependencia estatal reportó que dichos desarrollos carecían de dictámenes, constancias, permisos o autorizaciones municipales y estatales, lo que pone en riesgo la legalidad del patrimonio de los adquirentes.
Según fuentes del estado, SEDETUS identificó más de 100 casos de fraccionamientos y desarrollos urbanos irregulares, de los cuales se derivaron procedimientos administrativos, sanciones económicas y clausuras preventivas. Por ejemplo, se mencionó que este año se iniciaron 125 procedimientos administrativos, que dieron lugar a 28 clausuras, 29 sanciones económicas y 15 cierres tras la regularización de situaciones pendientes.
El titular de la SEDETUS, José Alberto Alonso Ovando, declaró que: “Estamos reforzando las inspecciones y la presentación de denuncias penales. Hay personas que, a pesar de haber sido notificadas, continúan promoviendo desarrollos irregulares. … No queremos entrar en confrontación, pero sí dejar claro que deben ponerse en orden.” Añadió que la promoción y venta de desarrollos sin permisos “constituye un delito penal, de acuerdo con el Código Penal de Quintana Roo”.
Las intervenciones de la SEDETUS han incluido verificaciones en catastro, registro público, permisos municipales y estatales, así como la emisión de boletines preventivos para alertar a la ciudadanía sobre proyectos que se ofrecen sin la debida autorización. En este sentido, la dependencia exhortó a los compradores a “verificar siempre la legalidad de los proyectos antes de invertir o firmar cualquier contrato”.
Los municipios más afectados por estos desarrollos irregulares en Quintana Roo son Tulum, con 42 casos; Playa del Carmen, con 25; Benito Juárez, con 17; Isla Mujeres, con 14; y Othón P. Blanco, con 11. Los proyectos presentaban irregularidades como la falta de permisos ambientales, la ubicación en terrenos ejidales sin la debida subdivisión o la ausencia de acreditación para su comercialización.
Además de las clausuras y sanciones administrativas, la SEDETUS ha presentado denuncias penales en al menos dos casos y prepara al menos siete más. Estas acciones reflejan el cambio de estrategia hacia la penalización del fraude inmobiliario, como mecanismo de protección al patrimonio de las familias.
Con estas acciones, la SEDETUS reafirma que su misión no es detener la inversión en el estado, sino garantizar un “desarrollo ordenado del estado y proteger el patrimonio de las familias quintanarroenses”. Asimismo, se indicó que el ordenamiento urbano sustentable requiere de una participación activa del sector privado, de los promotores y de los ciudadanos, todos los cuales deben aportar al cumplimiento de la normatividad.
Este tipo de intervenciones también buscan frenar dinámicas que provocan asentamientos irregulares sin infraestructura básica o certeza jurídica, lo cual contribuye a la informalidad urbana y a la vulnerabilidad de los compradores. Según un reporte previo, se habían clausurado asentamientos que carecían de permisos en municipios como Puerto Morelos.
En resumen, la SEDETUS de Quintana Roo ha iniciado una etapa más agresiva en la supervisión y sanción de desarrollos inmobiliarios irregulares, con un enfoque combinado de clausuras administrativas, sanciones económicas y acciones penales, todo ello orientado a salvaguardar el derecho a una vivienda legal y segura para los habitantes del estado.
