El Zócalo de la Ciudad de México amaneció rodeado con vallas metálicas de aproximadamente tres metros de altura, lo que incluyó joyerías, negocios bajo los arcos del centro histórico, hoteles y algunos edificios destacados como la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas medidas de seguridad se adoptaron en vísperas de la movilización convocada por colectivos feministas por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Aunque las vallas no impidieron el paso de visitantes ni el acceso a algunos establecimientos, la colocación de los cercos y el anuncio de las protestas generaron una caída en la afluencia de compradores en el primer cuadro capitalino. Representantes del comercio estiman una baja de al menos 60 por ciento en ventas, pues muchos consumidores optaron por evitar la zona al suponer que los negocios permanecerían cerrados o que el tránsito estaría restringido.
El operativo de seguridad incluye refuerzos policiales y resguardo de zonas vulnerables alrededor de edificios públicos. De acuerdo con reportes, las vallas se han asegurado con bloques de cemento para evitar que sean derribadas, y forman un cerco que comprende tanto edificios oficiales como zonas comerciales.
La manifestación del 25N tiene programado partir desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo, con presencia de colectivos feministas, organizaciones civiles y familiares de víctimas, para denunciar feminicidios, violencia estructural y la impunidad que persiste en el país. Las autoridades han anunciado cierres viales en avenidas estratégicas del centro histórico con la intención de coordinar el tránsito durante la movilización y mantener el orden en la zona.
La movilización coincide con llamados por parte de las mujeres para visibilizar su demanda de justicia, de mayor presupuesto para refugios y de responsabilidades para detener la violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo, comerciantes afectados plantean la necesidad de estrategias que les permitan operar con seguridad sin sacrificar su actividad económica durante jornadas de protesta.
