El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, figura prominente de la oposición y colaborador cercano de María Corina Machado, fue nuevamente detenido horas después de haber sido excarcelado, en un hecho que ha generado un fuerte debate político y social en Venezuela.
Guanipa, quien había pasado más de ocho meses en prisión acusado de liderar un presunto “complot terrorista” —alegación que él y sus aliados rechazan— fue liberado el pasado domingo 8 de febrero como parte de un proceso de excarcelaciones impulsado por el Gobierno interino. Sin embargo, pocas horas después de su salida, un grupo de hombres armados no identificados lo interceptó en Caracas, lo que la oposición ha calificado de secuestro político.
La Fiscalía venezolana justificó la medida señalando que Guanipa presuntamente violó las condiciones de su liberación, lo que motivó la revocación de su excarcelación y la orden de detención. El ministro y líder del partido oficialista, Diosdado Cabello, afirmó que la nueva detención se debió a que algunos opositores “creyeron que podían hacer lo que les da la gana”, en alusión indirecta a Guanipa.
Por su parte, la familia del opositor rechazó estas versiones. Su hijo, Ramón Guanipa, escribió en redes sociales que su padre no había cometido ninguna violación de las medidas cautelares impuestas, que únicamente contemplaban la presentación ante tribunales cada 30 días y la prohibición de salir del país. Asimismo, exigió “fe de vida” y la liberación inmediata del dirigente, denunciando que “casa por cárcel sigue siendo prisión”.
El caso ha puesto en evidencia la tensión política y jurídica existente en Venezuela. Aunque el Gobierno interino, bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, ha promovido la liberación de presos políticos bajo presión internacional, este tipo de sucesos suscitan escepticismo sobre la eficacia y transparencia de las medidas de amnistía y excarcelación.
Organizaciones de derechos humanos y líderes opositores han cuestionado la legitimidad de la detención y han denunciado que se trata de un intento de contener la disidencia política en el país. En medio de este clima, la situación de Guanipa sigue siendo un foco de atención dentro de la comunidad internacional y de los sectores críticos al actual gobierno venezolano.
