En un giro inesperado para la política de Campeche, la propuesta de reinstaurar el fuero constitucional a diputados y presidentes municipales fue rechazada por los ayuntamientos locales, mayoritariamente gobernados por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La iniciativa, originada en el Poder Legislativo estatal, pretendía otorgar inmunidad procesal a los legisladores y alcaldes, lo que habría impedido su enjuiciamiento mientras se desempeñaran en su cargo. Sin embargo, siete de los municipios en los que Morena tiene el control decidieron vetar la medida, dejando la propuesta en un callejón sin salida.
La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria del Cabildo de Calakmul, que fue clave en la resolución del conflicto. Al mismo tiempo, los ayuntamientos de Escárcega y Carmen también se alinearon contra la iniciativa. Estos rechazos son suficientes para evitar que la propuesta prospere, pues la mitad de los municipios ya se han manifestado en contra, y la mayoría de los cabildos no respaldaron la idea de retornar al fuero.
El origen de esta iniciativa radica en las tensiones dentro del mismo Movimiento Regeneración Nacional, donde algunos diputados han manifestado su descontento con el gobierno estatal, acusando una persecución política hacia su gestión. En particular, se alude a una serie de decisiones políticas que no contaron con el respaldo de diversos sectores, como lo es la contratación de un préstamo por mil millones de pesos, propuesto por la gobernadora Layda Sansores.
Por su parte, Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente del Poder Legislativo de Campeche y principal impulsor de la iniciativa, expresó que “ya no hay otra vía” tras la falta de apoyo de la mayoría de los ayuntamientos. De esta manera, la propuesta queda sin sustancia, y se desecha el procedimiento para su restauración.
Este revés es también un reflejo de la lucha interna que vive Morena en el estado, una pugna que ha generado divisiones dentro de los propios poderes y que pone en evidencia las dificultades para alcanzar consensos dentro del mismo partido. A pesar de los esfuerzos por restablecer el diálogo entre los diferentes actores políticos, el rechazo a la iniciativa del fuero parece haber dejado claro que los cabildos no están dispuestos a respaldar un regreso a la inmunidad para los políticos locales.
En última instancia, este rechazo representa un golpe a las aspiraciones de quienes abogaban por la reinstauración del fuero como una medida de protección frente a lo que consideran una persecución política. Sin embargo, el procedimiento legislativo queda detenido, al menos por ahora, en una victoria para aquellos que defienden una política de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito local.
