Autoridades federales y estatales detuvieron a cinco funcionarios públicos en el municipio de Chavinda, Michoacán, por su presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo que forma parte de las acciones para combatir la infiltración del crimen organizado en instituciones gubernamentales.
De acuerdo con la información disponible, entre los detenidos se encuentra la síndica municipal, identificada como un “objetivo prioritario” dentro de las investigaciones, así como otros integrantes del gobierno local y mandos de seguridad. Las autoridades señalaron que estas personas estarían vinculadas con actividades delictivas y presuntamente operaban en favor del grupo criminal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que la funcionaria detenida era considerada “operadora de la organización criminal”, lo que motivó su inclusión en el despliegue de seguridad realizado en la región.
Las detenciones se llevaron a cabo durante un operativo interinstitucional en el que participaron fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. Según reportes, los implicados podrían haber facilitado información estratégica y apoyo logístico al CJNG, lo que habría permitido a la organización criminal mantener presencia en la zona.
Asimismo, trascendió que entre los arrestados se encuentran integrantes del cabildo y responsables de áreas de seguridad pública, lo que refuerza las sospechas de una posible red de complicidad dentro de la administración municipal.
Este caso se suma a otros antecedentes recientes en Michoacán, donde autoridades han detectado presuntos vínculos entre funcionarios y grupos delictivos, particularmente en regiones con alta presencia del CJNG. Investigaciones previas han revelado que algunos servidores públicos habrían actuado como informantes o facilitadores de actividades ilícitas.
Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar el alcance de la presunta red de colaboración y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. Mientras tanto, los cinco funcionarios quedaron a disposición de las instancias correspondientes para definir su situación jurídica conforme a la ley.
