Un ciudadano venezolano presentó el martes 24 de marzo de 2026 una demanda federal en Estados Unidos contra el Gobierno estadounidense, en la que exige al menos 1,3 millones de dólares en daños y perjuicios por su deportación y posterior encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
La demanda fue interpuesta por Neiyerver Adrián León Rengel, un barbero que vivía en Irving, Texas, acusado erróneamente por las autoridades migratorias de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua y deportado en marzo de 2025 bajo una política de deportaciones masivas implementada por la administración del presidente Donald Trump.
Según documentos judiciales, Rengel asegura que fue detenido mientras se dirigía a su trabajo y que la única justificación para su arresto fue que sus tatuajes supuestamente lo identificaban como miembro de la organización criminal, acusación que él y sus representantes legales niegan categóricamente.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, incluye alegatos de detención ilegal, negligencia y violación de sus derechos civiles, y representa el primer litigio conocido de este tipo contra el Gobierno estadounidense tras la deportación de decenas de venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
En el texto legal, los abogados de Rengel sostienen que se trató de “una acción ilegal y moralmente vacía de parte de altos funcionarios del Gobierno para desafiar a un tribunal federal, privar a un hombre de sus derechos y entregarlo a un gobierno extranjero para tortura como una demostración política”.
Durante más de cuatro meses, el demandante permaneció detenido en el CECOT, una prisión de alta seguridad donde denunció haber sido sometido a tratos inhumanos y abuso físico y psicológico antes de su liberación en julio de 2025, cuando regresó a Venezuela en un intercambio de prisioneros entre las autoridades de Estados Unidos y Venezuela.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, ha reafirmado en comunicados oficiales que el demandante fue considerado una amenaza para la seguridad pública y vinculado a Tren de Aragua, afirmación que no ha sido respaldada con pruebas públicas.
Este caso se produce en medio de un amplio debate internacional sobre las políticas migratorias estadounidenses y el uso de leyes antiguas, como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para justificar deportaciones sin un debido proceso legal, así como sobre las condiciones en prisiones como el CECOT a las que fueron enviados cientos de migrantes sin antecedentes penales verificables.
El resultado de este proceso judicial podría sentar un precedente sobre la responsabilidad del Estado en casos de deportación forzosa y abuso de derechos humanos en contextos de política migratoria.
