Un reciente informe de Amnistía Internacional ha encendido las alarmas sobre la situación de los derechos humanos en América Latina, señalando a Colombia y Venezuela como algunos de los entornos más peligrosos para quienes defienden estas garantías fundamentales. La organización advierte que, pese a cambios políticos recientes, persisten patrones de violencia, impunidad y persecución contra activistas en ambos países.
Según el reporte, en Colombia se ha registrado un incremento significativo en los ataques contra defensores de derechos humanos, en un contexto marcado por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la presencia de grupos ilegales. La organización subraya que el país alcanzó en 2025 una de las cifras más altas de asesinatos de líderes sociales, lo que refleja una crisis estructural en materia de seguridad y protección.
En el caso de Venezuela, el informe describe un escenario igualmente preocupante. A pesar de la transición política ocurrida tras la salida de Nicolás Maduro en 2025, continúan registrándose detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y prácticas represivas contra la disidencia. Amnistía Internacional sostiene que estas acciones forman parte de un patrón persistente de violaciones a los derechos humanos.
La organización también destaca casos concretos que evidencian los riesgos en la región, como el atentado ocurrido en Bogotá contra dos exiliados venezolanos, el cual permanece sin esclarecer. Este tipo de घटनos, señala el informe, evidencian la vulnerabilidad de quienes denuncian abusos y la necesidad urgente de investigaciones eficaces.
Asimismo, el documento advierte que la impunidad continúa siendo un factor determinante en la repetición de estos crímenes. La falta de resultados en las investigaciones y la ausencia de medidas de protección adecuadas agravan el panorama, dejando a los defensores en una situación de constante riesgo.
Ante este contexto, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades de ambos países para que adopten acciones inmediatas y efectivas que garanticen la protección de los activistas, así como el esclarecimiento de los ataques. La organización enfatiza que sin justicia ni garantías de seguridad, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos seguirá siendo una labor de alto riesgo en la región.
