Las comunidades indígenas mayo-yoreme de Sinaloa anunciaron que este lunes 15 de junio tomarán de manera indefinida las instalaciones de la planta de amoniaco de Ohuira, ubicada en la zona del puerto de Topolobampo, como medida de presión para exigir la suspensión de las obras del proyecto desarrollado por Gas y Petroquímica de Occidente, filial del grupo suizo-alemán Proman. La protesta forma parte de una resistencia que, de acuerdo con los pobladores, lleva más de una década frente a una obra que consideran una amenaza ambiental, social y cultural para la región.
La consigna que ha acompañado al movimiento es “¡Aquí, no!”, frase con la que las comunidades han denunciado el posible impacto de una de las plantas de amoniaco más grandes del mundo en la bahía de Ohuira. Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, advirtió a EFE que “nosotros tomaremos la instalación el lunes hasta tener resultados”, luego de sostener un diálogo con autoridades ambientales federales, entre ellas la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.
Montaño señaló que las comunidades aceptarían la instalación de mesas de trabajo con la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente únicamente si, al mismo tiempo, se suspenden las obras de GPO. El proyecto contempla la producción de 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco, una escala que ha encendido las alertas de habitantes, pescadores, ambientalistas y especialistas por sus posibles efectos sobre el ecosistema de la bahía.
El líder indígena sostuvo que la construcción representa “la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios”, al considerar que podría generar un “etnocidio y un ecocidio”. De acuerdo con la información difundida, las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos, donde viven más de seis mil 600 indígenas, serían parte de las zonas directamente afectadas por el avance del proyecto.
Entre los principales riesgos señalados se encuentra el uso de agua salada para el enfriamiento del amoniaco. Según lo expuesto por los opositores, la planta succionaría 2 mil metros cúbicos de agua por hora y posteriormente la descargaría en la bahía con una temperatura superior, lo que podría alterar el equilibrio del ecosistema y afectar la pesca, una de las principales fuentes de alimentación y sustento de las comunidades locales.
La preocupación también incluye eventuales fugas de gas. De acuerdo con la información citada por Latinus, un informe de la empresa habría advertido sobre la posibilidad de nubes tóxicas con alcance de hasta 45 kilómetros a la redonda, lo que podría impactar a más de 40 mil personas. Frente a ese escenario, Montaño afirmó que Topolobampo no cuenta con la infraestructura suficiente de bomberos, Protección Civil o Cruz Roja para evacuar rápidamente a la población en caso de emergencia.
La bahía de Ohuira forma parte del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido como sitio Ramsar por su importancia internacional. En esta zona habitan aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos de valor comercial, por lo que los opositores al proyecto han insistido en que la planta pone en riesgo no sólo el ambiente, sino también la forma de vida de las comunidades pesqueras.
La planta tendría un avance de 88%, mientras que los inconformes señalan que ya se han rellenado 28 hectáreas de humedales, además de la pérdida de manglares y la migración de parte de la fauna. “La realidad es que empezaron mal y terminarán mal”, denunció Montaño, al reiterar que los pueblos originarios no aceptarán la permanencia del proyecto en la zona.
El conflicto también tiene antecedentes legales. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó realizar una consulta a los pueblos indígenas sobre el proyecto; sin embargo, los opositores aseguran que el proceso favoreció a la empresa porque incluyó a comunidades que, según ellos, no serían directamente afectadas. Montaño también acusó que hubo “compra de conciencias” mediante dinero y comida, lo que, a su juicio, vulnera el derecho a una consulta previa, libre e informada.
Con la toma anunciada para este lunes, las comunidades mayo-yoreme buscan escalar la presión pública y política contra la planta de amoniaco. Su exigencia central es que el gobierno federal suspenda las obras, revise los impactos ambientales y sociales del proyecto, y atienda el reclamo de los pueblos que afirman defender no sólo un territorio, sino su identidad, su sustento y el futuro de la bahía de Ohuira.
