El caso de Jeffrey Epstein volvió a colocarse bajo el escrutinio público en Estados Unidos luego de que Sarah Kellen, una de sus exasistentes, declarara ante el Congreso que el financiero convicto habría pagado a oficiales para recibir un “trato especial” mientras permanecía preso en la cárcel de Palm Beach, Florida. Su testimonio, ahora disponible en línea, agregó nuevos señalamientos sobre las condiciones en las que Epstein cumplió parte de su condena y reavivó las críticas al manejo judicial y penitenciario de uno de los casos más polémicos de las últimas décadas.
De acuerdo con lo declarado por Kellen ante el Comité de la Cámara de Representantes, Epstein habría entregado dinero en efectivo y boletos a Disneyland a guardias de la prisión. La exasistente también afirmó que, durante su estancia en el centro penitenciario, el financiero tuvo acceso a videollamadas por Skype, un beneficio que levantó cuestionamientos sobre el nivel de supervisión y los posibles privilegios que recibió mientras cumplía una sentencia derivada de su declaración de culpabilidad en 2008 por solicitar a una menor de edad para prostitución en Florida.
Kellen aseguró que Epstein llegó a llamarla por Skype desde la cárcel y que, durante una de esas comunicaciones, le pidió que se desvistiera frente a la cámara. Al ser cuestionada por el legislador demócrata Max Frost, representante de Florida, la exasistente respondió: “Asumiría que a él le dieron trato especial. No estoy familiarizada con los protocolos de las prisiones, pero no parece que ese fuera uno de ellos”. La frase refuerza la sospecha de que Epstein pudo haber tenido acceso a condiciones fuera de lo habitual para una persona privada de la libertad.
En otra parte de su declaración, Kellen sostuvo que Epstein habría pedido a otros empleados llevar dinero a oficiales de la cárcel. “Sé que él arregló que alguien llevara dinero y boletos de Disneyland a uno de los oficiales en la prisión, y no estoy segura de qué recibió a cambio de eso”, afirmó ante el comité. Aunque la exasistente dijo no conocer con precisión cuál fue el beneficio obtenido a cambio de esos pagos, su testimonio profundiza las dudas sobre el trato que recibió Epstein durante su paso por el sistema penitenciario de Florida.
El señalamiento adquiere mayor relevancia porque el caso Epstein ya había sido cuestionado por la forma en que fue procesado originalmente. Según la información publicada, el Departamento de Policía de Palm Beach había presentado un caso que involucraba al menos a dos docenas de víctimas con denuncias similares; sin embargo, el gran jurado terminó acusándolo únicamente de dos cargos menores relacionados con prostitución, en lugar de cargos más graves. Tras declararse culpable en 2008, Epstein quedó en libertad 13 meses después como parte de un acuerdo con la fiscalía estatal.
El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes mantiene una revisión sobre el manejo de las investigaciones federales relacionadas con Epstein y Ghislaine Maxwell. Como parte de ese proceso, el comité informó que liberó la transcripción de la entrevista de Sarah Kellen y que también solicitó al Departamento de Justicia investigar nuevas acusaciones surgidas durante su comparecencia.
Las declaraciones de Kellen no sólo vuelven a poner en discusión las circunstancias del acuerdo judicial que permitió a Epstein pasar poco más de un año en prisión, sino también el funcionamiento interno de las instituciones que debieron garantizar que su condena se cumpliera sin privilegios indebidos. Para los legisladores que han seguido el caso, el testimonio representa una pieza más dentro de una investigación que busca esclarecer si hubo fallas, omisiones o tratos preferenciales en favor del financiero.
Epstein fue arrestado nuevamente en 2019, una década después de su condena en Florida, mientras enfrentaba nuevos cargos federales por delitos sexuales. Su muerte, ocurrida mientras esperaba juicio, no cerró el caso; por el contrario, dejó abiertas preguntas sobre sus redes de protección, sus vínculos de poder y la manera en que distintas autoridades respondieron a las denuncias de las víctimas. Las nuevas declaraciones ante el Congreso mantienen vigente una exigencia central: determinar hasta dónde llegaron los privilegios de Epstein y quiénes pudieron haber facilitado que los recibiera.
